


La Cámara Federal de San Martín confirmó este viernes el procesamiento del juez Martín Poderti, actual integrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, por el robo de 144 monedas de oro que estaban resguardadas en una caja de seguridad del Banco Nación. Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2019 y febrero de 2023, período en el cual Poderti se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal N°2 de San Isidro.
El robo fue catalogado como “hormiga”, ya que el magistrado ingresó al banco en 19 ocasiones, incluso durante licencias, para acceder a la caja que contenía bienes secuestrados en una causa narco.
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La caja incluía monedas de alto valor numismático y metálico, que estaban allí desde 2017 y debían ser restituidas tras la absolución del imputado.
La desaparición de las monedas fue descubierta el 9 de abril de 2024, cuando se dispuso la devolución del dinero y los bienes. En ese momento, el nuevo secretario del juzgado labró un acta, y el fiscal Paul Starc impulsó la investigación. La Cámara ratificó el fallo del juez Emiliano Canicoba Corral, quien en diciembre ya había procesado a Poderti por malversación de caudales públicos.
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Las monedas desaparecidas estaban valuadas en aproximadamente USD 200.000. Según el expediente judicial, se trataba de:
59 monedas de oro “KRUGERRAND” (Sudáfrica)
28 monedas mexicanas de 50 pesos
54 monedas tipo libra soberano
2 piezas de 100 soles (Perú)
1 moneda china de 100 yuanes
El juez ingresó a la caja en al menos cinco ocasiones mientras estaba de licencia, lo que llamó la atención de los investigadores. Además, dos de esas visitas ocurrieron cuando ya se encontraba en proceso de traslado al TOF de Mar del Plata, el cual se formalizó el 7 de marzo de 2023.
En su defensa, Poderti alegó que iba a la caja a resguardar elementos personales por haber sido víctima de robos domiciliarios, e intentó desviar la responsabilidad hacia otros integrantes del juzgado. Aseguró que antes de que se implementara la caja de seguridad, los bienes eran guardados en un armario sin mayores controles, lo que generaba inseguridad interna.
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Los camaristas Alberto Lugones y Néstor Barral desestimaron sus argumentos, afirmando que “las explicaciones del imputado carecen de sustento y se contradicen con las pruebas acumuladas”. También remarcaron que los registros del banco muestran claramente su acceso a la caja y el vínculo directo con la desaparición de las monedas.
El caso ya se encuentra en análisis dentro del Consejo de la Magistratura, que podría avanzar con una sanción disciplinaria y eventualmente con su remoción del cargo. El hecho ha generado fuerte repercusión en el ámbito judicial, no solo por el valor de los bienes sustraídos, sino también por el descrédito institucional que supone.
Fuente: Infobae







