Los chilenos son deportados.
La jueza Carla Jessica Yamila Flores decidió la expulsión inmediata de dos ciudadanos chilenos detenidos en Puerto Madryn. La medida fue adoptada bajo el artículo 70 de la Ley de Migraciones, luego de que los implicados cometieran una serie de delitos considerados graves por la normativa argentina.
Ambos sujetos fueron apresados en enero tras protagonizar un raid delictivo que inició en Comodoro Rivadavia. El recorrido delictivo terminó en una vivienda ubicada en Castelli al 100, en pleno casco urbano de la ciudad portuaria, donde se concretó uno de los robos más importantes.
Sustrajeron una riñonera con 4.600 dólares y 240.000 pesos en efectivo. Las víctimas alertaron de inmediato a las autoridades locales, que pusieron en marcha un operativo certero para dar con los delincuentes, en un esfuerzo conjunto con la policía de Chubut y las fuerzas federales.
Las cámaras de seguridad del domicilio y de zonas aledañas fueron analizadas por personal especializado. Con esas imágenes, los investigadores lograron reconstruir con claridad cada tramo del recorrido de los ladrones, desde su ingreso al barrio hasta su huida.
El operativo de detención se concretó en la intersección de 28 de Julio y 25 de Mayo. Allí, los sospechosos fueron interceptados en pleno microcentro madrynense. No ofrecieron resistencia. Llevaban consigo parte del botín y elementos sustraídos en el domicilio.
La policía secuestró mochilas, documentación, celulares y dinero en efectivo. Más tarde, un allanamiento al hospedaje temporario donde se alojaban permitió recuperar aproximadamente un millón y medio de pesos, además de otras pruebas claves.
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Los investigadores destacaron la rapidez del procedimiento y la colaboración entre jurisdicciones. La causa tomó fuerza con el material secuestrado y las pruebas videográficas aportadas por vecinos y comercios cercanos al lugar del hecho.
Durante la audiencia de control de detención, la jueza Patricia Reyes dictó 15 días de prisión preventiva para ambos implicados. Esa medida fue extendida a tres meses de cumplimiento efectivo tras el análisis de la gravedad del caso.
En paralelo, la Dirección Nacional de Migraciones activó los protocolos de cooperación internacional. El Consulado de Chile fue notificado y comenzó a intervenir para coordinar las condiciones del regreso forzoso de los ciudadanos involucrados en los hechos.
La jueza Flores resolvió el extrañamiento por considerar incompatible la permanencia de los sujetos con el orden público argentino. La decisión se enmarca en el artículo 70 de la Ley 25.871, que contempla la expulsión de extranjeros que cometen delitos graves.
El traslado fue ordenado hacia el paso fronterizo Futaleufú, en la localidad de Trevelin. Desde allí, los expulsados abandonaron el país bajo custodia de Gendarmería Nacional, que verificó su salida y notificó el cumplimiento de la orden judicial.
Gendarmería Nacional y otras fuerzas federales fueron notificadas para reforzar los controles fronterizos y evitar un posible reingreso de los implicados. La orden judicial contempla la prohibición de ingreso futuro al territorio nacional.
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El caso marca un precedente en materia de cooperación judicial y migratoria. La rapidez de la actuación evitó nuevos delitos y mostró la eficacia de las herramientas legales cuando hay coordinación institucional.
La Ley de Migraciones permite este tipo de decisiones cuando los actos delictivos ponen en riesgo la seguridad colectiva. En este caso, el accionar de los imputados fue considerado de gravedad suficiente como para aplicar el máximo rigor de la normativa.
La expulsión fue celebrada por vecinos de Puerto Madryn, que habían expresado su preocupación por el aumento de delitos cometidos por bandas provenientes de otras ciudades. El raid generó un fuerte impacto mediático a nivel provincial.
Las víctimas recuperaron parte del dinero robado gracias a la intervención judicial. Si bien no se logró recuperar el total de lo sustraído, los damnificados valoraron la actuación rápida de las fuerzas de seguridad.
Las cámaras de seguridad del municipio y de comercios cumplieron un rol clave en la investigación. Sin esas imágenes, el caso habría sido mucho más difícil de esclarecer.
Los acusados eran reincidentes y contaban con antecedentes en su país de origen. Esa información fue suministrada por autoridades chilenas en el marco del intercambio bilateral previsto por la legislación migratoria vigente.
El proceso de extrañamiento no fue apelado por la defensa de los acusados. Según se informó, los imputados admitieron su responsabilidad en los hechos, lo cual aceleró la resolución del caso.
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La decisión de la jueza Flores fue considerada ejemplar. La medida busca garantizar que quienes violan las leyes nacionales no encuentren refugio en el país ni pongan en riesgo la seguridad ciudadana.
El caso reavivó el debate sobre la necesidad de controles migratorios más estrictos. Algunos sectores pidieron mayor seguimiento a extranjeros con antecedentes penales en sus países.
Las fuerzas de seguridad valoraron la articulación entre organismos. Aseguraron que el caso muestra cómo el Estado puede actuar de manera efectiva cuando hay voluntad política y compromiso institucional.
Puerto Madryn mantiene una política activa de prevención del delito. La Municipalidad colabora con fuerzas federales y provinciales para reforzar la seguridad urbana.
El extrañamiento es una herramienta prevista en la ley, pero no siempre se aplica con rapidez. En este caso, la celeridad judicial evitó demoras innecesarias y dio una señal clara.
La comunidad espera que se mantenga este tipo de respuestas frente a situaciones similares. La expulsión inmediata de extranjeros que delinquen es vista como una medida preventiva más que como un castigo.
Las autoridades de Migraciones advirtieron que este tipo de operativos seguirán implementándose. La idea es impedir que el territorio nacional se convierta en un refugio para el delito organizado.
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