


El oficialismo y un sector de la oposición lograron dictamen de mayoría para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. La iniciativa obtuvo 77 firmas en el plenario de comisiones y superó al dictamen que propuso mantener el umbral actual de 16. El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, PRO, UCR y otros bloques aliados.
El texto final surgió luego de ocho audiencias en las que expertos de distintos ámbitos expresaron sus posturas. La mayoría se mostró crítica con la idea de modificar el régimen penal juvenil, aunque el dictamen avanzó con ajustes. La propuesta oficial baja la edad mínima pero incorpora garantías procesales para adolescentes.
Laura Rodríguez Machado anunció el acuerdo durante la reunión conjunta de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto. El debate incluyó maniobras internas para modificar la correlación de fuerzas, como la intención del kirchnerismo de cambiar diputados favorables a la baja. También se rechazó una moción para postergar la firma de los dictámenes.
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La diputada Roxana Reyes celebró el avance al considerar que la reforma era una deuda pendiente del Congreso. “El régimen tiene una función educativa, resocializadora y de contención”, argumentó. Se destacó la figura del acompañante y las penas alternativas como herramientas para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley.
Desde la izquierda, Christian Castillo rechazó la propuesta y afirmó que no reduce el delito juvenil. “La evidencia internacional muestra que bajando la edad no disminuyen los delitos, incluso aumentan”, señaló. Para él, se está construyendo un chivo expiatorio con los jóvenes de sectores más vulnerables.
Marcela Campagnoli diferenció este dictamen del que había enviado originalmente el Poder Ejecutivo. “Se incorporaron garantías que antes no existían, como el debido proceso y el derecho a ser oído”, explicó. Afirmó que el enfoque no es punitivo, sino socioeducativo y pensado para una aplicación progresiva.
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Fernando Carbajal también respaldó el dictamen y cuestionó la retórica del Gobierno sobre el delito juvenil. “Rechazamos la frase ‘delito de adulto, pena de adulto’, que es un eslogan mentiroso”, afirmó. Aclaró que el régimen no prevé penas de prisión efectiva para delitos con penas menores a 10 años.
Desde Unión por la Patria, Matías Molle advirtió que la decisión política ya estaba tomada antes del debate. “Todo fue parte de una escena montada para justificar la baja”, denunció. Cuestionó que no se hayan tomado en serio los aportes de expertos críticos al proyecto.
El texto aprobado establece un régimen con penas diferenciadas, que no contempla la prisión perpetua. Las condenas de hasta tres años no podrán cumplirse en prisión, y las de entre tres y diez años se combinarán con medidas alternativas. Solo los delitos graves permitirán penas efectivas bajo criterios judiciales.
Fuente: NA.







