Torres intervendrá el ENRE con fuertes cuestionamientos a su administración

Política07/05/2025

Ignacio Torres, Gobernador de Chubut.

El gobernador Ignacio Torres decidió avanzar con la intervención del ENRE, un organismo creado hace seis años para controlar las tarifas y servicios públicos en la provincia. La medida llegó tras detectarse múltiples irregularidades, un alto costo operativo y la intención de realizar una operación inmobiliaria por miles de millones de pesos. “No necesitamos un edificio, necesitamos control”, dijo el mandatario.

El Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE) fue concebido como una herramienta técnica e imparcial. Su objetivo era garantizar que las tarifas aplicadas fueran uniformes, transparentes y socialmente equilibradas. Pero en seis años de funcionamiento no logró cumplir ninguna de sus funciones esenciales.

El proyecto de intervención enviado por Torres sostiene que el ENRE incumplió los fines de su creación, tal como se expresan en la ley I-Nº96. Además, el Tribunal de Cuentas detectó múltiples irregularidades en los ejercicios 2022, 2023 y 2024, lo que terminó por justificar la decisión política del Ejecutivo.

Uno de los datos más llamativos fue la tentativa del organismo de comprar un inmueble por varios miles de millones de pesos. La operación fue desactivada a tiempo, cuando empresarios del sector inmobiliario consultaron informalmente al gabinete si el gobierno estaba al tanto. Ese intento detonó la decisión de “descabezar” al organismo.

Torres aseguró que el Estado no necesita oficinas nuevas. En cambio, propuso una transformación integral: "Se puede hacer un nuevo esquema, con una empresa provincial de energía, y un funcionamiento ad honorem", explicó. Esa frase marcó el tono de su propuesta.

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Actualmente, el ENRE está integrado por Gustavo Monesterolo, Gabriela Calle y Horacio Camps. Todos perciben sueldos que superan los 8 millones de pesos mensuales, convirtiéndose en los salarios más altos del sector público chubutense. El costo es afrontado por los usuarios, a través de un porcentaje en la factura eléctrica.

Además del gasto operativo, el ENRE acumula más de mil millones de pesos sin ejecutar. El dinero está en una cuenta bancaria, sin un plan claro de aplicación, mientras las tarifas se desordenan y los conflictos entre prestatarias crecen en toda la provincia.

El presidente del organismo, Gustavo Monesterolo, es apuntado por el Ejecutivo como principal responsable. Tiene vínculos con la conducción regional del gremio Luz y Fuerza, sindicato que tuvo un rol clave en la creación del ENRE hace seis años y habría impulsado su designación.

El gobierno provincial trabaja en una auditoría integral para determinar responsabilidades administrativas y legales. No se descarta que el caso termine en la Justicia, dependiendo de lo que arrojen los informes técnicos. La intervención, en principio, durará 12 meses.

En ciudades como Comodoro Rivadavia el conflicto es doble. Allí ya existe un Ente de Control de Servicios Públicos municipal, lo que genera superposición de funciones, ineficiencia y nula coordinación entre organismos.

La crítica principal es que el ENRE no regula nada. No garantiza la tarifa social. No controla a las prestatarias. No elabora la tarifa de referencia. Y no actúa en los conflictos que surgen entre usuarios, concesionarios y municipios.

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El proyecto de intervención plantea reordenar el funcionamiento del ente, y redefinir su rol institucional. La intervención será operativa, económica y administrativa, con supervisión directa del Ejecutivo. No se descarta su disolución si no cumple objetivos concretos.

Monesterolo es también referente de la Fundación Tercer Milenio, con vínculos estrechos en sectores políticos sindicales. La intención de compra del edificio fue atribuida directamente a él, lo que provocó la reacción del gobernador. “No era necesario. No es prioritario”, repitió Torres.

El organismo nació con respaldo legislativo. Pero nunca rindió cuentas ante la Legislatura ni ante el Ejecutivo, salvo en informes parciales. El control institucional fue débil desde el principio.

Con esta intervención, Torres busca mostrar un cambio de rumbo. Apunta a desmontar estructuras costosas, ineficientes y burocráticas, que absorban fondos públicos sin resultados tangibles.

La reforma del sistema eléctrico es uno de los ejes del gobierno. Por eso también avanza la creación de la Empresa Provincial de Energía de Chubut (PECH), que permitiría articular con cooperativas y municipios, bajo un plan estratégico.

Los altos sueldos del ENRE contrastan con las deudas millonarias que enfrentan las prestatarias. Muchas cooperativas no pueden pagar a CAMMESA, y hay riesgo de cortes en el suministro si no se ordena el sistema.

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Torres considera que la provincia no puede sostener entes inútiles. Sobre todo si esos organismos solo existen para pagar salarios políticos. “Hay que ordenar la energía en Chubut. Y cortar con los privilegios”, sentenció.

El proyecto ya fue girado a la Legislatura. La expectativa es que se trate en sesiones ordinarias, y que la intervención sea aprobada antes del invierno, cuando la crisis energética se agudiza.

Sectores sindicales reaccionaron con cautela. Algunos dirigentes de Luz y Fuerza admitieron que el ENRE “no funcionó como se esperaba”, y evitaron defender abiertamente al organismo.

El caso generó un fuerte impacto político. Se expuso un mecanismo opaco de recaudación y gasto, sostenido con el esfuerzo de los usuarios. Y sin control técnico ni social.

El ENRE se convirtió en símbolo de la vieja política. Un organismo sin gestión, sin planificación y con gasto ilimitado. Ahora será auditado, intervenido y posiblemente disuelto.

Chubut enfrenta una crisis energética que requiere respuestas. No estructuras vacías. No organismos que solo generen cargos. “Hay que usar la plata donde más se necesita”, dijo Torres.

La intervención busca cerrar una etapa oscura de la administración pública. La de los entes sin función, sin auditoría, y con sueldos que insultan la realidad económica de la provincia. El ENRE, tal como existe, está terminado.