Ricardo La Regina y Federico Ruffa.Foto: Jornada.
El productor rural Ricardo La Regina apeló su condena por daño ambiental en Punta Clara. En la audiencia desarrollada en la Cámara Penal de Trelew, su abogado defensor, Federico Ruffa, pidió la nulidad del juicio completo y la absolución del imputado.
La presentación cuestionó la intervención de la jueza Laura Martini. El abogado denunció una conformación irregular del tribunal de enjuiciamiento y sostuvo que esa irregularidad afectó todo el proceso.
Ruffa planteó que la jueza Martini se encontraba bajo observación por parte de la Legislatura. También recordó que la Fiscalía de Estado había objetado su traslado. Por eso solicitó la invalidez de su participación en la causa.
La defensa solicitó también la anulación de lo actuado por el tribunal. Sostuvo que la presencia de Martini contaminó la sentencia y vulneró derechos del imputado.
El tribunal anunció que notificará su resolución el próximo 21 de mayo. El fallo se comunicará por correo electrónico a todas las partes. La decisión quedará en manos de los jueces De Franco, Zaratiegui y Barrios.
Durante la audiencia, la fiscal Florencia Gómez defendió la validez del proceso. Afirmó que la jueza tenía facultad para actuar en cualquier circunscripción. Sostuvo que la denuncia contra Martini fue inadmisible.
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El querellante Eduardo Hualpa reforzó esa postura. Recordó que el Consejo de la Magistratura rechazó el planteo contra la jueza. Además, explicó que no existieron elementos que justificaran su apartamiento.
La defensa también criticó el rechazo al pedido de suspensión del juicio a prueba. Ruffa consideró que la oferta realizada por La Regina fue “extremadamente generosa” y merecía mayor consideración.
Según la fiscal, La Regina no tenía facultades para ofrecer tierras. Explicó que el campo no le pertenecía legalmente. Por eso, el tribunal no aceptó la probation.
Hualpa sumó que la suspensión del juicio se reserva para delitos menores. Afirmó que el daño ambiental comprobado no permite ese beneficio.
El centro del planteo se enfocó en la supuesta inexistencia de pingüinos muertos. Ruffa afirmó con énfasis que “no se mató un solo pingüino, ni se rompió un huevo”.
El defensor calificó la sentencia como “una construcción sin pruebas materiales”. Aseguró que “el juicio no buscó la verdad sino una condena inevitable por razones políticas y personales”.
Cuestionó la forma en que los jueces fundamentaron la ausencia de restos. Ridiculizó los argumentos sobre carroñeros y pulverización por el paso de la topadora.
“Decir que 160 kilos de pingüinos se pulverizaron es ridículo”, sostuvo Ruffa. Comparó ese peso con una vaca pequeña o dos personas adultas.
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El abogado también rechazó que se hable de ecocidio. Señaló que “comparar esto con el gas mostaza de Vietnam es una exageración sin sentido”.
Planteó que el daño representó solo un 0,002% de la reserva. Calculó que los 35 pingüinos supuestamente afectados no llegan ni al 0,06% de la colonia de 60 mil ejemplares.
“No se puede transformar una infracción rural en un genocidio ecológico”, insistió. Defendió a La Regina como un hombre de campo que solo modificó un alambrado.
También cuestionó el inicio de la causa. Denunció que los denunciantes violaron la propiedad privada al ingresar sin orden judicial.
Afirmó que hubo peritajes encubiertos durante el proceso. Sostuvo que presentaron expertos disfrazados de testigos comunes para evitar controles legales.
El defensor acusó un proceso plagado de irregularidades. Dijo que la causa fue dirigida desde el principio por intereses ajenos al derecho.
Los querellantes defendieron cada instancia del juicio. Resaltaron que la condena se basó en pruebas científicas y testimonios sólidos.
El fiscal de Estado, Martín Castro, también pidió confirmar el fallo. Aseguró que la afectación de la reserva fue real y grave.
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Estaba embarazada y murió su beba: madre denuncia falta de profesionales de guardia de Pico TruncadoLa Regina también hizo uso de la palabra. Frente a los jueces, negó haber matado pingüinos y pidió que se respete su derecho a la defensa.
“Nunca maté a ningún animal”, dijo. Afirmó que solo quiso mejorar un acceso interno en un campo usado para producción.
Reclamó que no lo conviertan en un símbolo de algo que no hizo. Cuestionó la cobertura mediática y pidió que la política no influya en la Justicia.
La causa dividió opiniones desde el inicio. Mientras sectores ambientalistas exigen penas ejemplares por la destrucción de hábitats, otros creen que se está criminalizando el trabajo rural.
La sentencia original generó impacto nacional. Fue la primera condena en Chubut por daño ambiental vinculado a una reserva de fauna protegida.
La resolución de la Cámara tendrá peso institucional. Definirá si la Justicia ratifica una línea firme en defensa del ambiente o revisa por supuestos vicios procesales.
La audiencia de apelación dejó posturas enfrentadas. La última palabra llegará el 21 de mayo. Ese día se sabrá si La Regina continúa condenado o queda absuelto.
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