Avanza la EPECH.
El gobierno provincial lanzó EPECH como eje de su política energética, pero las dudas crecen. La nueva empresa estatal podrá absorber cooperativas quebradas, manejar tarifas, distribuir energía y hasta disputar represas con Nación. La concentración de poder preocupa.
El estatuto de EPECH le otorga facultades amplias. Podrá operar en todas las fases del sistema eléctrico, sin límites precisos. También podrá construir y explotar centrales de energía, incluidas hidroeléctricas, sin control externo claro.
El Estado será accionista mayoritario, con un 60%. Los privados podrán comprar el 40% restante. No se aclaró qué mecanismos tendrá el Directorio para evitar conflictos de intereses ni favoritismos.
El plan incluye absorber cooperativas deficitarias sin una evaluación técnica pública. Rawson y Sarmiento figuran en la mira. Las deudas millonarias y la falta de gestión no reciben análisis serio por parte del Ejecutivo.
La cooperativa de Rawson se encuentra al borde del colapso. Tiene embargos y no puede pagar su energía. Sin embargo, el gobierno no explicó cómo garantizará el servicio si toma el control.
Coopsar también enfrenta una situación crítica. Su intendente admite problemas, pero impulsa una salida municipal. La provincia insiste en intervenir, sin asegurar el respeto por la autonomía local.
El gobierno reconoce que no puede decidir sin consenso. Los municipios conservan la titularidad de los servicios. Aún así, ya avanza con medidas que impactan en esas competencias.
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EPECH también absorberá Servicios Públicos sin un diagnóstico difundido. En Lago Puelo hubo años sin facturación. Las fallas se repiten, pero no se informan planes concretos para corregirlas.
El gremio Luz y Fuerza recibió promesas. El gobierno asegura que mantendrá los puestos. Pero los detalles de esa absorción y los derechos laborales no están publicados.
El gobierno también intervino el ENRE para manejar $1.500 millones. Ese organismo se convirtió en blanco por destinar fondos a proyectos inmobiliarios. La movida despierta sospechas.
El destino de esos recursos se redirigió a energías renovables. No hubo licitaciones ni detalles públicos. El uso de fondos públicos sin transparencia repite prácticas cuestionadas.
La eliminación de subsidios se usa como justificación. Pero no hay información clara sobre cómo se fijarán las tarifas ni qué impacto tendrá sobre los usuarios más vulnerables.
El nuevo Ente Regulador será ad honorem. El argumento es bajar costos. Sin embargo, los sueldos anteriores fueron aprobados por el propio gobierno.
El gobierno también impulsa el control de Futaleufú. La concesión vence el 15 de junio. Torres ya anunció que la provincia debe quedarse con la represa, aunque no hay marco legal para eso.
Hoy ALUAR tiene el control. Chubut participa con un 39%. Para cambiar eso, deberá negociar con Nación y empresas privadas, algo que el gobernador omite en sus declaraciones.
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El presidente Milei ya fijó su posición. “Si quieren participar, que paguen”, dijo. No cederá el control sin un pago equivalente al que debe realizar cualquier privado.
Torres sostiene que el recurso es provincial. Inició una acción judicial que no avanzó. Usa ese argumento para presionar, pero evita los canales institucionales reales.
En actos públicos, el gobernador repite promesas grandilocuentes. “Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias”, dijo sobre la represa. Pero no explicó cómo ni con qué recursos.
EPECH tendrá un Directorio dominado por el Ejecutivo. También podrá nombrar gerentes y síndicos sin mayores restricciones. Las garantías de control se incorporaron tarde y a pedido de la oposición.
El presidente sería Hernán Tórtola, actual secretario de Infraestructura. Su número dos será Ezequiel Suazo, exgerente de la SCPL. Son nombres cercanos al poder, no elegidos por concurso ni con aval técnico.
El ENRE sería conducido por el ministro de Economía, Miguel Arnaudo. El cruce de funciones entre controladores y ejecutores abre más dudas. Se pierde independencia técnica.
Los privados designarán un solo director. El resto quedará en manos del oficialismo. No hay mecanismos claros para evitar discrecionalidad ni para garantizar equilibrio.
El estatuto permite fijar sueldos por asamblea. También permite designaciones políticas. La falta de transparencia sigue siendo una deuda crónica.
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La Legislatura incorporó controles después de presiones. Un síndico y un director de la oposición recién se sumaron en la última versión. El proyecto original era más cerrado.
La promesa es reinvertir utilidades en infraestructura. Pero no existen plazos ni mecanismos obligatorios. Todo dependerá del Ejecutivo y de su voluntad.
El objetivo declarado es “captar renta energética”. El riesgo es usar una empresa estatal para cubrir déficits y condicionar políticas futuras. El modelo de negocio no fue presentado públicamente.
La creación del MEMCH no fue debatida en profundidad. Tampoco se evaluó su impacto sobre CAMMESA ni sobre el sistema nacional. Avanza sin consensos técnicos ni institucionales.
El gobierno mezcla objetivos estratégicos con urgencias políticas. Concentra recursos, cargos y decisiones en manos de pocos. El riesgo institucional crece, mientras la energía se vuelve un botín.
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