Reino Unido impulsa producción de salmón en Malvinas y crece la polémica
Actualidad14/05/2025
REDACCIÓN
Ambientalistas y Argentina advierten por el uso ilegítimo de recursos naturales.
El gobierno británico en las Islas Malvinas lanzó una consulta para evaluar la instalación de granjas de salmón en aguas del Atlántico Sur. El proyecto, impulsado por la empresa Unity Marine, prevé una producción anual de 50 mil toneladas.
La propuesta genera fuerte polémica por su posible impacto ambiental y por la utilización de recursos naturales que Argentina considera propios. La consulta, que se extenderá del 30 de junio al 24 de agosto, incluye cuatro opciones de regulación o prohibición.
Tierra del Fuego prohibió esta actividad en 2021 por los daños ecológicos que genera. La cría de salmón altera ecosistemas marinos, promueve el uso de antibióticos y modifica hábitats costeros sensibles.
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“La consulta no tiene carácter vinculante”, explicaron voceros locales. La decisión final quedará en manos de la Asamblea Legislativa isleña, que analiza un proyecto concreto con respaldo de empresas danesas.
La administración británica ofrece cuatro escenarios: prohibición total, permisos sin límite, restricciones por debajo del umbral ambiental o cría orgánica altamente regulada. Cada alternativa intenta equilibrar intereses económicos y ambientales.
El modelo se basa en experiencias de las Islas Feroe, donde la producción de salmón se realiza bajo estándares controlados. Sin embargo, el contexto geopolítico de las Malvinas le da a este proyecto un marco de mayor controversia. Desde Argentina se rechaza cualquier acción sobre recursos naturales bajo dominio británico. La Cancillería sostiene que toda explotación en Malvinas carece de legitimidad y viola el principio de soberanía.
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Organismos ambientales expresaron su alarma. Varias entidades advirtieron sobre la falta de estudios independientes y la presión económica sobre un ecosistema frágil.
La cría industrial de salmón se ubica entre las actividades más cuestionadas por su huella ecológica. En escenarios como el del Atlántico Sur, los riesgos se potencian por la cercanía a áreas de alta biodiversidad. La consulta se presenta como mecanismo participativo, pero el trasfondo incluye intereses estratégicos y comerciales. El debate reabre tensiones sobre la explotación de recursos en zonas bajo disputa soberana.
Fuente: TN
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