Río Negro: Odarda insiste en su denuncia contra la ex gobernadora Carreras
Política16/05/2025
Sergio Bustos
María Magdalena Odarda.
La legisladora provincial Magdalena Odarda presentó un recurso de revisión ante el Ministerio Público Fiscal. Apuntó contra el convenio entre Río Negro y la empresa estatal israelí Mekorot, firmado sin control legislativo, sin publicación oficial ni participación ciudadana.
La legisladora rionegrina Magdalena Odarda pidió formalmente que se reabra la causa iniciada por el convenio firmado entre el Gobierno provincial y la empresa Mekorot. El acuerdo fue denunciado por su opacidad, por afectar recursos naturales estratégicos y por posibles delitos cometidos por funcionarios públicos.
Odarda presentó el recurso de revisión el 7 de mayo ante el Ministerio Público Fiscal. La legisladora del bloque Vamos con Todos pidió que se deje sin efecto la desestimación dictada por la Fiscalía Nº 4, que había cerrado la causa sin investigar a fondo.
La denuncia apuntaba a funcionarios provinciales por posibles delitos como abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. También cuestionaba la entrega de soberanía sobre bienes comunes como el agua, en un convenio firmado con una empresa extranjera sin pasar por los canales institucionales.
“El contenido del convenio compromete directamente aspectos fundamentales de la gestión pública”, advirtió Odarda. Para la legisladora, lo firmado con Mekorot afecta el interés colectivo de la ciudadanía rionegrina y vulnera principios básicos del Estado de derecho.
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El acuerdo con Mekorot se firmó sin publicación oficial, sin tratamiento legislativo y sin consultar a la sociedad. Según la presentación, el contrato no apareció en el Boletín Oficial ni en ningún sitio institucional, pese a su alto impacto público.
Odarda alertó que el texto del convenio incluye cláusulas sobre el análisis estratégico del agua. Allí se establece la evaluación del valor económico del recurso, la proyección de su demanda y hasta la planificación de su eventual comercialización o distribución.
La legisladora consideró que la desestimación de la denuncia fue jurídicamente errónea. Según sostuvo, el dictamen fiscal no valoró el daño institucional que implica este tipo de acuerdos, firmados fuera de los controles y sin participación democrática.
“El Estado no puede entregar la información estratégica sobre nuestros bienes naturales comunes”, sostuvo Odarda. Cuestionó además que se haya cedido propiedad intelectual sobre los conocimientos generados a partir del relevamiento del recurso hídrico provincial.
El convenio también prevé la creación de una autoridad regulatoria para el manejo del agua. Odarda consideró que esa facultad excede la competencia de la empresa extranjera y debió ser analizada por la Legislatura de la provincia, como marca la Constitución.
La entonces gobernadora firmó el convenio con Mekorot sin pasar por la Legislatura. La Constitución rionegrina exige el tratamiento legislativo para cualquier convenio con entidades extranjeras, una obligación institucional que no fue respetada por el Poder Ejecutivo.
El convenio tampoco fue sometido a consulta pública ni abrió ninguna instancia participativa. La ausencia de canales de diálogo con la ciudadanía es, según Odarda, una grave vulneración de derechos colectivos y un retroceso en materia de transparencia institucional.
“Este tipo de prácticas vulnera la Constitución y erosiona los principios democráticos”, dijo la legisladora. Señaló que los acuerdos de esta naturaleza deben firmarse con debate previo y control institucional, y no entre pocos, en silencio y sin garantías.
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El recurso presentado por Odarda fue elevado al fiscal superior en orden de jerarquía. Ahora ese funcionario tendrá la responsabilidad de revisar la actuación de la Fiscalía N.º 4 y decidir si corresponde reabrir la causa por el convenio con Mekorot.
La denuncia original había sido presentada este año y generó repercusiones en distintos sectores. Organizaciones sociales y referentes ambientalistas acompañaron el planteo y reclamaron que se investigue en profundidad lo firmado por el gobierno rionegrino.
Odarda insistió en que el agua es un bien estratégico y no puede tratarse como una mercancía. Criticó que se hable de valor económico del agua sin definir criterios de equidad, justicia ambiental o soberanía hídrica en la gestión pública.
La causa por el acuerdo con Mekorot reabre el debate sobre la privatización de los recursos. Para Odarda, hay una línea institucional que no puede cruzarse: el Estado no debe delegar decisiones estratégicas en empresas, menos aún extranjeras.
Río Negro atraviesa una situación compleja en términos de acceso al agua y conflictos ambientales. Por eso, advirtió la legisladora, resulta doblemente grave que se excluya a la ciudadanía de los debates sobre el futuro del agua en la provincia.
El convenio con Mekorot se conoció públicamente por denuncias de la oposición. El texto nunca fue publicado en medios oficiales ni presentado ante el cuerpo legislativo. Tampoco fue anunciado con claridad ante la sociedad rionegrina.
Odarda sostuvo que se ocultó información de forma deliberada. Para ella, la falta de publicidad del contrato y de convocatoria a consulta muestra que hubo voluntad política de evitar controles y evadir obligaciones constitucionales.
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El acuerdo compromete a la provincia a compartir datos y estudios técnicos. El recurso presentado alerta que parte de esa información puede afectar la seguridad ambiental, energética e incluso la planificación futura del uso del recurso hídrico.
“Firmar acuerdos de espaldas a la ciudadanía no puede aceptarse como práctica institucional”, expresó Odarda. La legisladora exigió transparencia, controles y participación en todo convenio que involucre bienes naturales esenciales para la vida.
El planteo subraya que la Constitución provincial y las leyes vigentes no fueron respetadas. Advierte que la omisión de pasar por la Legislatura y por consultas públicas deja sin sustento legal al convenio firmado por el Ejecutivo.
Ahora, con el recurso presentado, el fiscal superior debe resolver si se revoca la desestimación. Si lo hace, la investigación judicial podría reabrirse y avanzar sobre las responsabilidades de los funcionarios que firmaron el contrato.
El futuro del agua en Río Negro se encuentra en el centro del conflicto. Odarda remarcó que las decisiones sobre recursos naturales deben tomarse con participación ciudadana y sin entregar soberanía a empresas extranjeras.
La causa sobre Mekorot reactiva el debate sobre transparencia en la gestión del agua. La legisladora anticipó que seguirá insistiendo para que se investigue, se publiquen los documentos y se rindan cuentas sobre lo firmado.
“No vamos a permitir que se venda el agua sin que el pueblo lo sepa”, concluyó Odarda. Aseguró que hay voluntad de varios sectores para acompañar este reclamo y para frenar el avance de acuerdos que no respeten la institucionalidad.
La respuesta del Ministerio Público Fiscal definirá si el caso vuelve a judicializarse. El futuro de la denuncia por el convenio con Mekorot dependerá de esa decisión clave para la defensa de los recursos estratégicos provinciales.
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