Pesquera Río Salado.
La pesquera Río Salado de San Antonio Oeste permanece cerrada desde hace varios meses y no registra ningún intento serio de reactivación. La empresa despidió a la totalidad del personal y abandonó definitivamente sus operaciones en la zona.
La subsecretaria de Pesca de Río Negro, Jessica Ressler, afirmó que hasta el momento no se presentaron propuestas firmes. Según expresó, "estamos abiertos a analizarlas siempre que garanticen responsabilidad empresarial y estabilidad laboral".
Río Salado fue una de las principales plantas de procesamiento en San Antonio Oeste. Su cierre representó un fuerte impacto económico en la localidad y dejó sin empleo a casi un centenar de trabajadores.
Desde la Provincia aseguran que el panorama pesquero no genera condiciones estables para la inversión privada. La merma en la disponibilidad del recurso impide garantizar abastecimiento regular a las plantas de procesamiento.
La caída de la biomasa en el Golfo San Matías afecta a toda la cadena productiva pesquera. La flota artesanal quedó paralizada y los barcos industriales operan con restricciones estrictas.
El contexto nacional también influye, pero la situación de Río Negro tiene particularidades propias. La provincia padece un colapso del recurso que no permite reactivar la actividad sin riesgos biológicos.
Desde hace dos años rige una emergencia pesquera en la jurisdicción provincial. Fue decretada por la caída abrupta del stock de merluza común, especie clave en la estructura comercial del golfo.
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Los técnicos determinaron que la recuperación del recurso es escasa y que las tallas siguen siendo bajas. En este marco, la Subsecretaría analiza mantener las restricciones, pero sin renovar formalmente la emergencia.
El objetivo de la nueva figura legal sería sostener el control sin prolongar el régimen de excepción. Esto podría implicar la pérdida de algunos beneficios fiscales para los permisionarios.
Durante la emergencia, se limitó el esfuerzo pesquero mediante un sistema de cupos y topes máximos. La resolución vigente autoriza solo el 75 % del promedio de desembarcos registrados entre 2021 y 2023.
El cupo de captura de merluza común está fijado en 3.000 toneladas. Esas toneladas se distribuyen entre las empresas según los porcentajes históricos asignados.
Los barcos habilitados para operar deben ajustarse a esas reglas. No pueden superar los límites ni incorporar más esfuerzo sin autorización provincial.
La intención de las autoridades es evitar el ingreso de nuevos barcos. La biomasa actual no toleraría una mayor presión extractiva sin poner en riesgo la sostenibilidad.
El cierre de Río Salado se enmarca en esa situación crítica. La falta de materia prima, combinada con los altos costos, obligó a la empresa a cesar sus operaciones.
El gobierno no descarta nuevas propuestas de reactivación, pero exige garantías. Sin abastecimiento asegurado ni reglas claras, los intentos anteriores resultaron inviables.
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Varias inversiones quedaron paralizadas en otras plantas de la zona. El contexto general lleva a muchas empresas a revisar sus planes de ampliación o mantenimiento.
La situación se agravó por la paralización de la flota artesanal. Muchos armadores dejaron sus barcos en muelle por falta de rentabilidad y volumen disponible.
El esquema impositivo, los costos operativos y la ausencia de incentivos también dificultan el panorama. No hay previsibilidad ni respaldo institucional suficiente.
El caso de Río Salado evidencia las consecuencias de una crisis que lleva varios años. Sin recurso, sin inversión y sin empleo, la cadena pesquera se derrumba.
San Antonio Oeste pierde uno de sus motores económicos. La planta cerrada representa un símbolo de la decadencia que atraviesa la pesca provincial.
El gobierno provincial enfrenta una disyuntiva política. Si no renueva la emergencia, pierde margen fiscal; si la renueva, no cambia el escenario estructural.
Las medidas de administración del recurso son necesarias, pero no alcanzan. Se requiere un plan integral para el sector, con control biológico y apoyo económico.
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La pesca fue durante décadas una de las principales actividades del golfo. Hoy no garantiza ni estabilidad ni empleo ni desarrollo.
Los gremios advierten que el desempleo en el sector ya es estructural. Piden una mesa de diálogo con Nación y Provincia para buscar soluciones.
Río Salado no es un caso aislado, sino un síntoma de una crisis mayor. Las políticas públicas deben contemplar a toda la cadena: desde el barco hasta la planta.
Mientras tanto, la planta sigue cerrada. Los equipos están sin uso, los galpones vacíos y las promesas en pausa.
La situación de la pesca en Río Negro requiere decisiones urgentes. Sin medidas concretas, los cierres continuarán y el mar quedará en silencio.
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