Flybondi con el ala rota.
Flybondi generó un nuevo escándalo en el aeropuerto de Neuquén, tras cancelar vuelos y dejar a cientos de personas sin respuestas. El episodio expuso la falta de control estatal y el impacto real de la política de cielos abiertos, que beneficia a las empresas privadas sin proteger a los pasajeros. La gente esperó durante horas, sin información clara ni atención mínima por parte de la compañía.
Las quejas se multiplicaron en redes sociales, medios y foros especializados. Las imágenes mostraron largas filas, enojo, gritos y desesperación. La empresa no ofreció soluciones rápidas ni alternativas razonables. Algunos pasajeros perdieron turnos médicos, conexiones internacionales y reservas ya pagadas. La frustración creció sin que ninguna autoridad intervenga.
La situación de Neuquén no fue un hecho aislado. Flybondi acumula antecedentes en casi todas las provincias donde opera. Los mismos conflictos se repiten desde hace años. Cancelaciones sorpresivas, reprogramaciones sin aviso y destrato permanente. Los usuarios quedaron atrapados en un sistema que no los respeta.
En el sitio no oficial de Defensa del Consumidor, Flybondi aparece entre las cinco empresas más denunciadas del país. Dentro de la categoría Transporte ocupa el primer lugar. Miles de relatos muestran el mismo patrón de abusos, maltratos y falta de respuestas. Hay gente que no recibió ni el reintegro.
Los reclamos detallan situaciones graves: equipajes extraviados, vuelos suspendidos sin explicación, llamadas ignoradas y personal que maltrata. Las historias son similares y se repiten a lo largo del tiempo. “No sabés si vas a llegar ni si te van a atender”, escribió una pasajera que quedó varada en Córdoba.
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La consultora Adventus, que evalúa puntualidad y desempeño de aerolíneas en todo el mundo, colocó a Flybondi en el antepenúltimo puesto. El dato marca una tendencia alarmante. En América Latina, la empresa también tiene fama de incumplidora. El sector turístico empezó a tomar nota del problema.
Cámaras empresarias turísticas de la Patagonia denunciaron graves perjuicios económicos por los incumplimientos. Los vuelos cancelados afectaron reservas de alojamiento, excursiones y traslados. “Los turistas llegan tarde o directamente no llegan. Pierden todo. Nosotros también”, señaló un operador de Bariloche que ya pidió compensaciones.
El gobierno nacional apenas se pronunció a fines del año pasado. Solo realizó un llamado informal a los directivos de Flybondi. La advertencia fue superficial. No hubo sanciones ni medidas concretas. Desde entonces, los incumplimientos no cesaron. Las víctimas siguen sumando.
La empresa justificó sus problemas con argumentos logísticos. Explicó que la escasez de repuestos complica el mantenimiento de las aeronaves. “No sabemos cuándo vamos a recibir una pieza. A veces no sabemos si la vamos a conseguir”, explicó un vocero. El argumento no convenció a nadie.
Flybondi intenta transferir la responsabilidad al contexto internacional. Habla de crisis global de suministros. Menciona dificultades de abastecimiento. Pero no admite su responsabilidad directa ni cambia su forma de operar. El pasajero continúa desprotegido y expuesto a la incertidumbre.
Las denuncias judiciales avanzan lento en distintas provincias. Se acumulan causas en tribunales federales. Muchas aún no tienen sentencia firme. No hay jurisprudencia clara que proteja a los consumidores aéreos. El vacío legal favorece la impunidad empresarial.
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El reciente caso de Neuquén no motivó intervención judicial. Solo se activó el área de Defensa del Consumidor. El organismo intenta abrir instancias de compensación económica. Pero no puede revertir el daño ni sancionar con firmeza. Los afectados no recuperan su tiempo.
La política de cielos abiertos del presidente Javier Milei autoriza a las compañías a operar con menos requisitos. Permite el uso de aviones y tripulación extranjera. La norma busca favorecer la competencia, pero genera desprotección total para los usuarios.
La misma política acompaña el ajuste sobre Aerolíneas Argentinas. La línea de bandera cerró sucursales, redujo vuelos y perdió presencia. Flybondi creció en rutas nacionales, sin competencia directa. Hoy ocupa espacios claves, pero sin controles equivalentes.
Neuquén es un ejemplo concreto. Aerolíneas dejó de operar varias frecuencias. Flybondi las tomó, pero no garantizó servicio. “Nos dejaron sin opciones”, señaló un usuario habitual del tramo a Buenos Aires. Las tarifas no bajaron, los problemas aumentaron.
La asimetría es evidente. El gobierno facilita negocios, pero no exige cumplimiento. Los pasajeros quedan a merced de decisiones unilaterales. No hay compensaciones automáticas ni derecho a reclamo efectivo. El modelo desregulado favorece al más fuerte.
Flybondi vende pasajes con agresivas campañas de marketing. Ofrece precios bajos, pero sin certeza de cumplimiento. La letra chica no informa los riesgos. La publicidad promete vuelos felices. La realidad muestra otra cosa.
Las redes sociales se convirtieron en el canal principal de denuncia. Los usuarios comparten fotos, videos y testimonios. Las críticas superan los mensajes promocionales. La empresa no contesta públicamente. Solo responde por mensaje privado, si lo hace.
Ningún ente oficial fiscaliza con rigor. La ANAC no sanciona. El Ministerio de Transporte no interviene. La Secretaría de Comercio no actúa. La empresa sigue operando como si nada pasara. Los damnificados no encuentran respaldo institucional.
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Los legisladores también guardan silencio. La oposición no impulsa proyectos de protección al consumidor aéreo. “Después piden votos, pero no defienden a nadie”, escribió un pasajero afectado en Mendoza. El Congreso mira hacia otro lado.
La desprotección genera bronca, impotencia y desgaste emocional. Las personas se sienten estafadas. Sufren pérdidas económicas. Cancelan vacaciones. Pierden compromisos laborales. No hay reparación real. Solo un pedido de disculpas, cuando lo hay.
El modelo Flybondi prioriza costos sobre personas. Maximiza ingresos. Minimiza servicios. No invierte en atención al cliente. No fortalece su flota. Los usuarios no importan. Solo son cifras.
El Estado parece convalidar esa lógica. No regula, no investiga, no actúa. Los organismos responsables no hacen cumplir normas. El resultado es un sistema injusto y desequilibrado. El pasajero queda solo.
La falta de una ley específica agrava la situación. No existe normativa clara que obligue a compensar por cancelaciones. Las empresas no pierden nada. El consumidor lo pierde todo.
La experiencia Flybondi refleja un modelo de negocios basado en la desresponsabilización. El riesgo siempre recae en el usuario. Las ganancias se concentran. Los problemas se socializan. No hay equilibrio. Solo arbitrariedad.
Las consecuencias afectan al turismo, al comercio y a la conectividad regional. Cada vuelo cancelado implica pérdida de trabajo, gasto extra y desconfianza. El daño no se mide en dólares. Se mide en tiempo y frustración.
Flybondi debería rendir cuentas. No solo ante los pasajeros, sino ante el país. “No pueden seguir operando así”, dijo un exfuncionario del área de transporte. El reclamo crece. La respuesta no llega.
El gobierno también debería explicar por qué deja hacer. Por qué permite estas prácticas. Por qué no protege a sus ciudadanos. El Estado tiene obligaciones. No puede cederlas al mercado.
Los pasajeros necesitan protección real. No más promesas ni discursos vacíos. Solo garantías efectivas. Solo respeto. Volar no puede ser una pesadilla. Y si lo es, alguien debe hacerse cargo.
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