¿Peligra el juicio por la muerte de Maradona?: Los motivos que podrían derivar en su suspensión

Policiales20/05/2025

Juicio por la muerte de Maradona

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona vive su momento más delicado desde el inicio del debate. La recusación contra la jueza Julieta Makintach, sumada a una denuncia por la presunta producción de un documental sin consentimiento de las partes, podría derivar en la suspensión del proceso. La decisión será evaluada este martes en una audiencia clave.

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro deberá resolver si admite la apelación presentada por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque. Los abogados Mara Digiuni y Julio Rivas advirtieron que la participación de Makintach “vicia de nulidad todo el proceso”. La recusación fue rechazada en primera instancia, pero ahora será revisada.

Makintach, integrante del TOC N.º 2, fue incorporada como tercer juez en el debate. La defensa de Luque la acusa de parcialidad y de estar vinculada con la preproducción de un documental sobre el juicio. Esa sospecha surgió tras una serie de preguntas que consideraron “inquisitivas” y gestos que sugirieron un juicio anticipado.

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En caso de que el tribunal acepte la apelación, el juicio deberá suspenderse hasta que la Cámara de Apelación y Garantías se expida sobre la recusación. La ley establece un plazo máximo de diez días para no declarar la nulidad del debate. Si se rechaza la apelación, los defensores podrán presentar una queja, pero el juicio seguiría en marcha.

El escándalo estalló la semana pasada, cuando Rivas aseguró que fue entrevistado para un documental y advirtió que las audiencias estarían siendo grabadas sin autorización. También apuntó a la BBC como supuesta productora del contenido. Más tarde, se desdijo parcialmente y mencionó a su hermano, vinculado al grupo audiovisual Pegsa.

A partir de estas revelaciones, los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, que representan a Dalma y Gianinna Maradona y a Verónica Ojeda, respectivamente, presentaron una denuncia penal. La fiscalía de San Isidro, a cargo de Carolina Asprella y Cecilia Chaieb, inició una investigación y ya tomó las primeras medidas.

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La denuncia advierte sobre una posible afectación al debido proceso, la imparcialidad judicial y la reserva de las audiencias. Si se comprueba la existencia de un acuerdo audiovisual sin autorización judicial, podría haber consecuencias penales para los involucrados. La jueza Makintach negó cualquier vínculo y aseguró que solo se filma lo autorizado por la Suprema Corte.

Ezequiel Klass, responsable de Medios del máximo tribunal bonaerense, declaró por videoconferencia y negó que haya habido autorizaciones especiales para grabaciones fuera del protocolo oficial. Solo se permitió a camarógrafos y reporteros gráficos registrar imágenes el primer día, antes de iniciar la audiencia.

A su vez, el abogado Rodolfo Baqué —apartado como defensor del enfermero Ricardo Almirón— se presentó como particular damnificado. Sostuvo que sus imágenes fueron usadas sin consentimiento en un contenido audiovisual vinculado al juicio. También Martín de Vargas, su excolega, denunció a Makintach por “usurpación de títulos y honores”.

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De Vargas aseguró que la jueza ocupó de forma irregular la presidencia del tribunal, desplazando al juez titular Savarino. Afirmó que no había motivos excepcionales para tal medida y consideró la situación “de extrema gravedad institucional”.

El juicio comenzó el 11 de marzo y tiene como eje determinar las responsabilidades penales en la muerte de Maradona ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Se juzga a siete imputados por presunto homicidio con dolo eventual, entre ellos Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, cuya declaración está prevista para este martes.

La defensa de Luque insiste en que continuar el juicio con una jueza cuestionada compromete su validez legal. También otra defensa evalúa presentar una nueva recusación. Si la investigación sobre el supuesto documental avanza, no se descarta un pedido formal de nulidad.

Fuente: La Nación.