Desmontes ilegales, corrupción y favores: denuncian una red mafiosa en el Chaco
Actualidad26/05/2025
REDACCIÓN
Abogados ambientalistas denuncian una red mafiosa de desmonte ilegal en Chaco con vínculos políticos y empresariales.
Una denuncia federal sacude al poder político y económico en la provincia del Chaco. El informe “La Mafia del Desmonte al desnudo” expone un entramado de corrupción, desmontes ilegales y favores legislativos que atraviesa despachos públicos, empresas, sociedades anónimas y actores del Congreso nacional.
El material fue elaborado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas junto al Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. La investigación incluye 37 páginas con mapas, cifras oficiales, documentos judiciales y nombres propios. El documento ya fue entregado a la Justicia Federal chaqueña.
El caso involucra a la familia Vicentin, funcionarios, diputados y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Las acusaciones apuntan a una red público-privada con capacidad de operar permisos truchos, modificar normativas y canjear favores políticos por hectáreas de monte.
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“No se trata de denuncias aisladas. Ponemos nombre y apellido a cada punto del sistema”, afirmaron desde la organización. Según el informe, la Dirección de Bosques del Chaco entregó más de 1.300 permisos de desmonte entre 2011 y 2021. El 20% del total desmontado quedó en manos de solo 15 propietarios. Sociedades como Cuenca del Salado S.A. y TRIAD S.A. figuran como beneficiarias de miles de hectáreas, incluso en áreas donde el desmonte está expresamente prohibido.
La maniobra incluyó la recategorización predial. Esta práctica legalizó desmontes en zonas protegidas como el Corredor Biológico del Chaco Seco y sectores lindantes al Parque Nacional Copo. El informe denuncia que 31.000 hectáreas fueron degradadas de forma irregular.
El diputado Juan José Bergia, imputado en la causa, aparece como beneficiario de fondos y promotor de desmontes en tierras indígenas. La Asociación Comunitaria Meguesoxochi, que él dirige, recibió casi 100 millones de pesos del Fondo Nacional de Bosques. Ese fondo, según la ley, debía priorizar a comunidades indígenas y campesinas. Sin embargo, el 98% del dinero terminó en manos de empresas, funcionarios y sociedades anónimas.
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Enrique Viale, referente del equipo denunciante, calificó el esquema como “escandaloso”. Apuntó directamente al senador Víctor Zimmermann, a quien vinculó con el canje de votos en el Senado a cambio de la legalización del nuevo ordenamiento territorial.
El gobierno de Javier Milei homologó esa nueva zonificación, aún judicializada, y habilitó la destrucción de más de 200.000 hectáreas de bosque nativo. “El pacto con la Casa Rosada legaliza el ecocidio”, señala el documento. Los abogados exigen acciones inmediatas para desmantelar la mafia del desmonte y restaurar la legalidad en la gestión ambiental.
“Las evidencias son contundentes e innegables. Sin desarmar estas tramas, no habrá regeneración posible, ni para la naturaleza ni para nuestras instituciones”, cierra el texto presentado ante la Justicia.
Fuente: Aadeaa
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