

Río Negro: “Quizás la vía judicial encuentre respuestas que hoy no aparecen”
Actualidad28/05/2025

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anticipó que evalúa iniciar una acción judicial por la situación de las rutas nacionales 22 y 151. Lo haría en conjunto con intendentes de distintas localidades afectadas y con el respaldo de empresarios que utilizan a diario estas vías para el transporte de cargas y servicios.


La medida surge tras meses de parálisis, promesas incumplidas y contratos sin ejecución por parte del Estado nacional. Weretilneck advirtió que no hay mantenimiento regular, no se resuelven los contratos demorados ni se activan los proyectos ejecutivos que ya fueron presentados.
“No hace mantenimiento, no resuelve los contratos que tiene incumplidos y no resuelve los proyectos ejecutivos”, expresó el gobernador. Su crítica apuntó de lleno a la inacción del Gobierno nacional, al que acusó de no tomar ninguna definición concreta.
El mandatario rionegrino hizo estas declaraciones durante la presentación de la Agencia de Desarrollo Económico de Roca. En ese marco, recordó que ya recurrieron a la Justicia en una situación similar por la Ruta 40, entre Bariloche y El Bolsón, y lograron resultados positivos.
“Logramos que Vialidad Nacional se comprometa a la solución de los problemas”, explicó Weretilneck. Aseguró que en ese caso, la intervención judicial funcionó como herramienta eficaz para obligar al Estado nacional a cumplir con sus obligaciones.
La presentación judicial que evalúan buscaría presionar para que se retomen obras paralizadas y se garantice el mantenimiento vial. El estado de las rutas representa un problema grave para la producción, el transporte y la seguridad de miles de personas que circulan a diario.
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Las rutas 22 y 151 conectan zonas clave del norte patagónico con el centro del país. Su deterioro afecta directamente a los sectores productivos, en especial al agro, la industria frutícola, el transporte de hidrocarburos y las economías regionales.
El gobernador sostuvo que ya no encuentran respuestas en el plano político y que por eso analizan una vía legal. Dijo que el diálogo institucional con Nación no ha servido para resolver las demoras y que la situación actual se agrava con el paso del tiempo.
“Quizás la vía de la mediación judicial encuentre respuestas que hoy, desde el punto de vista político, no encontramos”, expresó. La frase refleja el agotamiento de la instancia administrativa y la necesidad de avanzar hacia una medida concreta.
Weretilneck estuvo acompañado por la intendenta de Roca, María Emilia Soria, con quien mantuvo el tercer encuentro en tres semanas. Ambos comparten la preocupación por el deterioro de la infraestructura vial en la región del Alto Valle.
El acto se realizó en la sede de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Roca. Participaron legisladores, funcionarios provinciales y representantes de distintas cámaras empresarias, que respaldaron el reclamo provincial.
Las organizaciones productivas alertaron sobre el impacto negativo del mal estado de las rutas en la actividad económica. Señalaron que los costos logísticos aumentan, los tiempos de traslado se duplican y los riesgos de accidentes son cada vez más altos.
Weretilneck insistió en que no es responsabilidad de la provincia hacerse cargo de obras nacionales. Planteó que la Constitución define con claridad las competencias y que las rutas 22 y 151 dependen exclusivamente del Gobierno nacional.
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En algunos tramos, la Ruta 22 presenta baches profundos, banquinas inexistentes y señalización ausente. En la Ruta 151, las condiciones también son críticas, con sectores intransitables, falta de mantenimiento y obras abandonadas.
El gobernador remarcó que ya hubo un antecedente exitoso con la Ruta 40. Allí lograron que Vialidad Nacional retomara trabajos tras una presentación judicial impulsada por la provincia.
Weretilneck sostuvo que, ante la falta de voluntad política, no queda otra opción que recurrir a la Justicia. La idea es que un fallo judicial obligue al Estado nacional a asumir su responsabilidad.
La acción legal incluiría informes técnicos, fotografías y relevamientos viales que muestran el abandono. También se anexarían documentos oficiales que dan cuenta de los contratos sin cumplir.
Los intendentes acompañarían la presentación como actores perjudicados por la situación. Muchos de ellos ya emitieron comunicados exigiendo respuestas urgentes por parte del Ministerio de Obras Públicas.
Las cámaras empresarias también firmarían el reclamo conjunto. Argumentan que la situación afecta el abastecimiento de insumos, la salida de producción y la movilidad de los trabajadores.
Weretilneck aseguró que existe consenso entre los distintos sectores para avanzar. Dijo que nadie quiere llegar a una judicialización, pero que el abandono ya resulta insostenible.
El gobernador explicó que no se trata de un reclamo partidario ni coyuntural. Aclaró que lo único que piden es que se respeten los contratos firmados y se cumplan los compromisos asumidos.
Los plazos legales para una presentación ya se están evaluando con equipos técnicos. La provincia buscaría presentar el caso en un juzgado federal competente.
La decisión final se tomará en los próximos días. Si Nación no da señales claras, la vía judicial será inevitable, según confirmaron desde el gobierno rionegrino.
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El gobernador pidió el acompañamiento de los legisladores nacionales por Río Negro. Solicitó que utilicen su banca para exigir al Ejecutivo nacional una solución concreta.
En paralelo, la provincia seguirá reclamando por vías administrativas. Pero ya no espera respuestas y se prepara para judicializar el conflicto si es necesario.
La falta de inversión nacional en obras viales se repite en otras provincias. Weretilneck advirtió que es un patrón que afecta a todo el interior productivo.
El estado de las rutas pone en riesgo vidas humanas y recursos económicos. La seguridad vial también forma parte del reclamo que impulsa la provincia.
“Estamos planteando concretamente una definición al respecto”, insistió el mandatario. De no haberla, Río Negro avanzará por la vía judicial para defender los intereses de su gente.











