Debate: censura digital o acceso a contenidos ¿qué pasa con los bloqueos deportivos en internet?
Actualidad31/05/2025
REDACCIÓN
Imagen ilustrativa generada por AI bloqueo judicial a transmisiones
Por primera vez en el país, un juzgado ordenó el bloqueo en tiempo real de sitios que retransmitan de forma ilegal partidos de fútbol. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N.° 4 de San Isidro, a instancias del fiscal Alejandro Musso, y se aplicará durante las finales de la Champions League y el Torneo Apertura argentino. Pero su ejecución ya provoca un fuerte debate sobre censura, libertad de expresión y el impacto colateral sobre servicios digitales legales.
La orden judicial instruyó a todos los proveedores de servicios de internet a aplicar un “bloqueo dinámico y abierto” de los dominios que infrinjan la ley 11.723 de propiedad intelectual. La notificación fue remitida por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (UFEIC) a través de las cámaras CABASE y CAPPI, y se realizará una prueba piloto de monitoreo activo desde las oficinas de Globant en Buenos Aires.
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El operativo implica que los ISPs mantengan personal técnico disponible para ejecutar los bloqueos a medida que la fiscalía identifique nuevas direcciones durante los partidos. Los bloqueos por IP serán temporales —dos horas por evento— pero aquellos por DNS tendrán carácter permanente. Esta diferenciación también ha sido objeto de discusión por su impacto a largo plazo.
Entre los sitios potencialmente afectados figuran plataformas como Fútbol Libre, Roja Directa, Magis TV y Televisión Libre. Sin embargo, especialistas advierten que esta clase de medidas puede provocar la inaccesibilidad de servicios legítimos que comparten infraestructura, como ocurrió recientemente con Cloudflare y Vercel, cuyos usuarios en España vieron sus sitios bloqueados sin aviso ni justificación técnica.
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Vercel, una plataforma de despliegue web ampliamente utilizada por desarrolladores de todo el mundo, también sufrió bloqueos por parte de los proveedores españoles tras denuncias de LaLiga. El caso se suma a la creciente ola de medidas judiciales que afectan a servicios sin relación directa con la piratería. “Nos bloquearon sin avisarnos por qué”, señaló Matheus Fernandes, vocero de Vercel, mientras varios programadores españoles denunciaban el perjuicio comercial generado.
En Argentina, el procedimiento judicial fue comunicado sin intervención directa del Enacom, debido a la falta de un registro actualizado de todos los ISPs del país. El pedido incluyó un archivo con direcciones DNS que deben ser bloqueadas permanentemente, conforme lo dispuso la fiscalía interviniente.
Desde CABASE advirtieron que la orden parte del supuesto de que todos los prestadores —independientemente de su tamaño— pueden ejecutar bloqueos en tiempo real, sin haber recibido asistencia técnica ni presupuestos compensatorios. Algunos alertaron sobre el riesgo de violar el principio de neutralidad de la red, y el precedente que esto sienta para futuras decisiones judiciales.
En paralelo, los usuarios y pequeños prestadores de contenido exploran alternativas para evitar los bloqueos. Desde el uso de VPN y redes descentralizadas, se multiplican las estrategias para mantener operativas las redes de transmisión y publicación de contenido.
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LaLiga de Fútbol Profesional española, en tanto, sigue defendiendo su política de censura digital con el argumento de proteger los derechos comerciales. Su presidente, Javier Tebas, restó importancia a las denuncias asegurando que “sólo se quejan cuatro frikis” y negó que haya afectaciones masivas a plataformas con miles de usuarios. No obstante, la propia Vercel desmintió estas afirmaciones y publicó su cronología de respuestas a los reportes recibidos.
El caso argentino ya trasciende los límites del fútbol: pone en discusión el rol del Poder Judicial en la regulación de internet, los derechos de los consumidores digitales, y la sostenibilidad de servicios web que dependen de redes compartidas para operar. La medida podría repetirse si se evalúa como exitosa, y con ello, la tensión entre seguridad jurídica y acceso a la información seguirá escalando.
Fuente: Medida Cuatelar - Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires, Poder Judicial de Buenos Aires, Ganbeta
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