Fiscal Guillermo Marijuan
Este lunes, el fiscal federal Guillermo Marijuan dio impulso a la denuncia presentada por Elisa Carrió y Marcela Campagnoli contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. La causa investiga un presunto intento de remoción arbitraria de las autoridades del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, tras la decisión de ese cuerpo colegiado de otorgar un bono económico al personal sin la autorización previa del Ministerio de Salud.
Según la presentación judicial, el hecho habría ocurrido en octubre de 2024, cuando Lugones, con el respaldo de sus superiores, habría exigido la renuncia de todos los integrantes del Consejo Directivo del hospital. De acuerdo con la denuncia, dicha solicitud fue considerada arbitraria y contraria a las normativas vigentes, ya que el Consejo actuó dentro de sus atribuciones institucionales.
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El bono en cuestión, según explicaron las denunciantes, proviene de un fondo especial que históricamente ha sido gestionado de manera autónoma por el propio Consejo de Administración. A lo largo de los años, ese fondo ha sido utilizado para reconocer económicamente a los profesionales de la salud del Garrahan, sin necesidad de aval ministerial previo. La crítica radica en que esta práctica habitual fue, en esta oportunidad, objeto de censura y represalia por parte del Ejecutivo.
En el marco de la causa, el fiscal Marijuan solicitó una serie de medidas de prueba. Entre ellas, pidió que el hospital remita un organigrama institucional detallado, con las funciones y jerarquías de todas sus autoridades. También requirió información sobre la composición del Consejo de Administración antes y después de los hechos denunciados, así como copias de las resoluciones vinculadas a la entrega del bono en el mes de octubre del año pasado.
La denuncia fue formalizada bajo la sospecha de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. El avance de la investigación podría abrir un nuevo frente judicial para el gobierno nacional en un contexto de creciente tensión entre el oficialismo y sectores de la salud pública.
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Hasta el momento, el ministro Lugones no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Desde el entorno del Hospital Garrahan tampoco se emitieron declaraciones oficiales, aunque fuentes vinculadas a la institución señalaron que la medida de entrega del bono respondió a criterios administrativos vigentes y no implicó ningún desvío presupuestario.
La causa, que comenzó con un reclamo político y gremial, toma ahora un cauce judicial con derivaciones sensibles en el terreno institucional, especialmente en lo que refiere a la autonomía de gestión en hospitales públicos nacionales de alta complejidad.
Fuente: N A
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