Imagen ilustrativa judiciales SITRAJUCH
La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRJUCH), Gabriela Huenchual, habló con #LA17 en el programa “El Quinto Poder” sobre la compleja situación que atraviesa el Poder Judicial provincial, marcada por la falta de aumento salarial significativo para el personal, mientras se descubren millonarios gastos y aumentos para los ministros y funcionarios de la cúpula judicial.
“Lo hemos descubierto hace un par de días. Charlábamos con el titular de la Asociación de Magistrados, quien también nos mencionaba la preocupación por los hechos que se están dando en el Superior Tribunal de Justicia. Esto nos llevó a tomar medidas, inclusive”, comenzó Huenchual, reflejando el clima de tensión que se vive en la Justicia.
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Desde febrero y marzo, el sindicato estuvo reclamando el pago de una deuda salarial del 15,5% correspondiente a 2024, para todos los trabajadores del Poder Judicial. “Empezamos a ir a reuniones con el Superior Tribunal Oral, donde nos pedían que seamos austeros por la situación económica provincial”, relató Gabriela. Sin embargo, el resultado fue un magro aumento del 2,5%, aceptado “con el enojo de todos los trabajadores, obviamente, porque era muy poco y tenían razón”.
Este aumento prácticamente no se notó en los salarios, ya que coincidió con un incremento en los aportes a la obra social que absorbió parte de ese porcentaje. “Confiando en este Superior Tribunal, aceptamos la tregua hasta el mes de julio para volver a hablar de salarios y de la deuda que ellos reconocen que tienen con nosotros, más los incrementos otorgados por la Corte este año”, indicó.
Pero las negociaciones se complicaron en mayo, cuando, sin previo aviso, los trabajadores se enteraron de una acordada firmada el 9 de mayo que incrementó un 10% los gastos de representación para los ministros, el defensor general y el procurador general. “Todos los ministros del Superior Tribunal, el defensor general y el procurador general tienen gastos de representación que no tenían obligación de rendir, o sea, no tienen que decir en qué se lo gastaron”, denunció Huenchual.
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La reacción no se hizo esperar. “Esto generó la reacción rápida de todos los trabajadores, comenzamos asambleas y pedimos una reunión urgente al Superior Tribunal, que se tomó su tiempo”, explicó la dirigente sindical.
La indignación creció aún más cuando el viernes siguiente apareció otra acordada, fechada el 18 de marzo, con un aumento del 20% en gastos de representación, sumado al 10% posterior. “No fue todo: modificaron una resolución del 2017 para que quien ejerza la presidencia cobre un 30% más de gastos de representación y la vicepresidencia un 15%”, detalló Gabriela.
Frente a este escenario, la secretaria general no dudó en calificar la situación: “El viernes esto generó el malestar de todo el mundo, sentimos que nos tomaron el pelo, que fuimos engañados. Nosotros actuamos de buena fe, confiamos en nuestros empleadores que no había plata, pero resulta que sí había, para una parte muy selecta y pequeña, no para el resto”.
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La consecuencia inmediata fueron retenciones de servicios y paros parciales en la semana y uno total previsto para el día siguiente, con el apoyo de la comisión directiva en la reunión con el Superior Tribunal.
Desde el sindicato advierten además que las acordadas violan la Ley de Porcentualidad vigente desde 2005, que establece límites claros a este tipo de incrementos. “Una ley es superior a una resolución interna del Superior Tribunal. Esto no puede ser”, remarcó Gabriela.
Las denuncias continuaron con la revelación de gastos como la compra de seis camionetas de lujo por más de 430 millones pesos, tarjetas corporativas para todos los ministros, pago de viáticos y alquileres “que no denunciamos nosotros”, afirmó la secretaria. Incluso un ministro jubilado, indignado, salió a hablar públicamente, describiendo este caso como “una caja de Pandora”.
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“El Superior Tribunal se comporta como una casta, y esto nos afecta a los trabajadores, a los magistrados, a los funcionarios, y a la sociedad en general, que ve con muy malos ojos esta situación”, sostuvo la dirigente, quien tiene 33 años de antigüedad en la Justicia y asegura no haber visto nada igual.
En relación con el contexto de crisis presupuestaria que afecta a todos los poderes del Estado, Gabriela apuntó a la inacción del Poder Legislativo y de los organismos de control: “Esperamos que los diputados, representantes del pueblo, pidan informes y asistan al Superior Tribunal para que rindan cuentas. ¿Dónde están los controles? No los vemos reaccionar, parece que tratan de tapar el sol con un dedo”.
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Finalmente, sobre el futuro del conflicto, Huenchual adelantó: “Mañana vamos al Superior Tribunal a la reunión y veremos qué respuestas tenemos. Esto no va a quedar así ni va a terminar acá. Lo que hicieron no tiene nombre, es muy desafortunado y lo hacen en un momento crítico, para los trabajadores y para la población. No nos podemos conformar más con un 2,5%, así que veremos cómo seguimos”.
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