Trump borra una norma clave y agrava el riesgo para mujeres embarazadas

La administración de Donald Trump anuló una directiva que obligaba a hospitales a brindar abortos en situaciones críticas para la salud de la mujer. El anuncio llegó por medio del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), bajo la órbita del Departamento de Salud de Estados Unidos.

La decisión deja sin efecto una interpretación de la ley EMTALA que garantizaba intervenciones en casos de riesgo vital. La administración de Joe Biden había establecido esa protección como parte de su respuesta a la anulación del precedente Roe vs. Wade.

El nuevo texto omite cualquier mención al aborto. Aun así, mantiene que “las personas embarazadas conservan derechos y protecciones” bajo la ley de urgencias. Esa ambigüedad alimenta la incertidumbre en hospitales, médicos y pacientes.

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Advertencia de especialistas

“Esta norma habilita a hospitales conservadores a rechazar a mujeres en riesgo”, señaló Lawrence Gostin, experto de Georgetown.

“No solo elimina una política anterior, también siembra dudas sobre cómo deben actuar los profesionales”, sostuvo Mary Ziegler, académica de la Universidad de California-Davis. El nuevo marco normativo genera un vacío legal que puede paralizar decisiones clínicas críticas.

Organizaciones por la libertad reproductiva rechazaron la medida. Desde ACLU, Alexa Kolbi-Molinas afirmó: “Trump y Kennedy no pueden borrar 40 años de legislación federal con un comunicado”.

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Sectores conservadores celebraron la derogación. Roger Severino, referente de la Fundación Heritage, declaró: “Otra imposición abortista mordió el polvo”. El conflicto entre leyes estatales y federales permanece sin resolver. Litigios recientes en Idaho y Texas ilustran esa tensión jurídica persistente.

Aborto de emergencia: una zona gris

La ley EMTALA no menciona de forma explícita el aborto. No obstante, múltiples administraciones federales interpretaron su alcance como aplicable en situaciones extremas para la gestante.

Con esta revocación, los médicos enfrentan un dilema ético y legal. Sin directiva clara, muchos pueden optar por no actuar para evitar sanciones o demandas.

Fuente: BAE