Colegio de Abogados de Puerto Madryn.
El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn expresó su preocupación ante la grave situación del Poder Judicial en la provincia. Señaló que las decisiones del Superior Tribunal de Justicia comprometen principios como la legalidad, la transparencia y la igualdad ante la ley. Mencionó que esto afecta el acceso continuo a la justicia, uno de los pilares del Estado de Derecho. La institución advirtió que la ciudadanía ya no confía en el sistema.
El pronunciamiento señaló que los ministros del Superior Tribunal firmaron acordadas que se otorgaron aumentos salariales muy altos. Estos incrementos incluyen adicionales por “gastos de investidura”. También alcanzan al Procurador General y al Defensor General de Chubut. Según se indicó, en algunos casos los montos superarían el 60 por ciento. No se respetó la ley vigente ni se publicó la medida.
Desde el Colegio se cuestionó que esos aumentos no respetan la Ley I Nº 301. Esa normativa establece el sistema de porcentualidad salarial. Su objetivo es garantizar que todos los sectores judiciales mantengan la equidad interna. El comunicado advirtió que esa norma se ignoró por completo. La decisión se tomó sin consulta ni rendición de cuentas.
También se denunció el uso de partidas bajo conceptos poco claros. Entre ellos, los llamados “gastos reservados” o “gastos sin discriminar”. Esos fondos no tuvieron control externo ni rendición ante organismos oficiales. El comunicado afirmó que estas prácticas violan principios de responsabilidad pública.
El Colegio señaló que estas medidas dañan la imagen del Poder Judicial. Afirmó que muchas de estas decisiones fueron adoptadas sin sustanciación previa. Se designaron funcionarios en cargos jerárquicos sin antecedentes ni oposición. Esto contradice el funcionamiento que debería regir a un poder del Estado. No se puede designar sin concursos.
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Se indicó que este tipo de prácticas afecta a trabajadores judiciales que sí cumplen con sus funciones. El comunicado defendió a empleados, funcionarios y magistrados que sostienen el sistema todos los días. Dijo que las decisiones del STJ profundizan el descrédito general. La imagen de la justicia no puede caer más.
El Colegio reclamó explicaciones públicas y detalladas por parte del Superior Tribunal. Dijo que esas respuestas deben estar vinculadas a las acordadas firmadas, a los criterios usados y a los motivos del aumento. No alcanza con el silencio institucional.
La institución abogó por una verdadera equidad salarial en toda la estructura. Recordó que esa exigencia forma parte del reclamo de trabajadores que piden sueldos dignos. Ratificó su respeto por ese derecho. El sistema debe pagar con justicia, no con privilegios.
También se planteó la necesidad de actuar con austeridad. El Colegio sostuvo que los integrantes del Poder Judicial deben dar el ejemplo. Esto incluye limitar beneficios y transparentar cada partida usada. La austeridad no es una opción, es una obligación.
Exigieron que las designaciones respeten la Constitución Provincial. Señalaron que todas deben contar con sustanciación de antecedentes y mecanismos abiertos de evaluación. El acceso a cargos no puede ser discrecional. El Poder Judicial debe funcionar bajo la ley, no fuera de ella.
Recordaron que el Colegio ya había manifestado disconformidad con propuestas de designación anteriores. Específicamente con algunos candidatos al STJ. Por eso, aseguraron que la situación actual no sorprende. La discrecionalidad era previsible.
Se denunció que el manejo de los recursos beneficia a unos pocos. El sistema privilegia a quienes concentran el poder y se asignan ventajas. El resto de los trabajadores debe sostener el sistema sin los mismos beneficios. Hay una lógica injusta de administración.
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También criticaron la resistencia del STJ a los mecanismos de control. Señalaron que incluso se niega información pública a organismos como el propio Colegio. Esto incluye datos sobre designaciones recientes. Se actúa con opacidad institucional.
El comunicado indicó que esa negativa contradice el principio de publicidad de los actos. En un Estado de Derecho, ninguna institución puede negar información básica. Menos aún el Poder Judicial. La justicia debe ser la primera en rendir cuentas.
Advirtieron que las designaciones internas se hicieron sin sustanciación previa. No se conoce si los criterios aplicados respetaron antecedentes o competencia profesional. Esto contradice normas internas y principios constitucionales. Cada nombramiento debe cumplir con la ley.
Se insistió en que estos manejos no son compatibles con un funcionamiento democrático. La transparencia, el respeto a las leyes y la rendición de cuentas no son opcionales. Son esenciales en el ámbito judicial. El descrédito institucional es grave.
El Colegio reiteró su respeto por el reclamo salarial del personal. Dijo que ese derecho debe garantizarse en condiciones de equidad, no de arbitrariedad. La ley de porcentualidad asegura eso. No se puede premiar a unos y excluir a otros.
Pidieron que el STJ brinde un informe detallado sobre las acordadas. Esto incluye montos asignados, criterios aplicados y fundamentos legales. La ciudadanía tiene derecho a saber. Los fondos públicos no pueden manejarse en secreto.
También exigieron transparencia en el uso de recursos. El manejo presupuestario debe estar sujeto a control externo y rendición formal. No se puede permitir una administración opaca. El dinero público exige explicaciones públicas.
El pronunciamiento incluyó un llamado a la responsabilidad institucional. La confianza ciudadana no se sostiene con privilegios sino con integridad. El Poder Judicial debe recuperar su legitimidad. El daño institucional es muy profundo.
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Desde el Colegio se sostuvo que el rol de las instituciones es vigilar al poder. El STJ debe someterse a las mismas reglas que el resto. No puede ser un actor sin controles. La institucionalidad está en juego.
El texto lamentó que se haya negado información a los propios profesionales. Afirmaron que esto constituye una falta grave. Restringe el derecho a la información y debilita el control ciudadano. La justicia no debe cerrarse a la sociedad.
Reiteraron que la lógica del STJ desconoce los principios republicanos. Se administra sin transparencia y sin rendición clara. Esto afecta al conjunto del sistema. Se perdió el rumbo institucional.
También indicaron que hay un uso selectivo de beneficios. Algunos funcionarios acceden a aumentos y privilegios. Otros no tienen voz ni posibilidad de reclamar. El sistema está fragmentado.
Solicitaron que cada acto del STJ esté sometido a la Constitución. Ningún poder puede actuar al margen de la ley. Esto incluye sueldos, cargos y partidas. La legalidad no es negociable.
El Colegio reafirmó su compromiso con la defensa del derecho. Señaló que no se puede callar ante estas irregularidades. El silencio es cómplice. Hay que decir lo que pasa.
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