Preocupa "la ausencia de pronunciamientos por parte del Poder Legislativo" sobre el accionar Judicial

En el programa El Quinto Poder, por #LA17, el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Madryn, Gustavo Cruz, planteó serias críticas al accionar del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, al que acusó de actuar con discrecionalidad presupuestaria, opacidad en los nombramientos y escasa sensibilidad frente a un conflicto que ya paraliza el servicio judicial en toda la provincia.

“Hay un silencio que preocupa”, sintetizó Cruz al comienzo de la entrevista. El Colegio, junto con sus pares de Comodoro Rivadavia y la Asociación de Magistrados, difundió un pronunciamiento público en el que denuncian irregularidades institucionales y administrativas. Entre ellas, se encuentra la reciente designación de funcionarios sin consulta previa ni difusión oficial, así como la falta de información clara sobre la aplicación del teletrabajo.

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“Observamos una reticencia a brindar información”, aseguró Cruz, y recordó que esta no es la primera vez que el Colegio de Abogados realiza este tipo de advertencias. “No nos sorprende esta situación”, dijo, haciendo memoria de reclamos anteriores que quedaron sin respuestas.

En el marco de un paro judicial que afecta a los tribunales de toda la provincia, Cruz explicó que los trabajadores reclaman el cumplimiento de la ley de proporcionalidad salarial y cuestionan aumentos otorgados únicamente a los ministros del Superior Tribunal. “El silencio es preocupante y ya se volvió reiterado”, insistió.

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También detalló que, mientras se niegan aumentos para el personal judicial por falta de fondos, el Poder Judicial incurre en gastos discrecionales, como la compra de camionetas, pasajes y alquileres de alto costo. “No vemos signos de austeridad en estas decisiones”, lamentó, y señaló que ese comportamiento contradice los mensajes institucionales que se emiten desde el Tribunal. “El mensaje no se condice con lo que se está haciendo”, resumió.

Cruz enfatizó que el Colegio actúa en defensa del servicio de justicia y de la ciudadanía, visibilizando situaciones que perjudican directamente a los usuarios del sistema. “Estas decisiones afectan a los justiciables”, remarcó, en referencia a la paralización de las causas y trámites judiciales.

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El incumplimiento del aumento del 15,5% acordado en 2023, junto con la vulneración de la Ley 1301 (de enganche salarial), fueron otros puntos críticos del diagnóstico. “La ley garantiza equidad en todo el Poder Judicial, pero hoy no se respeta”, explicó.

Aunque el Colegio de Abogados ha hecho oír su voz, Cruz reconoció que la solución requiere decisiones políticas y judiciales de mayor alcance. Convocó a la Asociación de Magistrados, a los gremios y a los diputados provinciales a involucrarse activamente. “El Colegio cumple un rol presente y hace valer su voz”, señaló, aunque admitió que aún no han obtenido respuestas oficiales.

En términos institucionales, Cruz consideró que la credibilidad del Poder Judicial se encuentra seriamente comprometida. “Va a ser difícil recomponer la confianza”, dijo, e instó a las autoridades a tomar medidas concretas. Si bien reconoció declaraciones públicas del gobernador Ignacio Torres, cuestionó la ausencia de pronunciamientos por parte del Poder Legislativo.

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“Todo se diluye en la discusión presupuestaria”, criticó, al sostener que el problema de fondo no es económico, sino ético. Pidió una profunda reflexión sobre el rol de los funcionarios judiciales y su compromiso con el interés público. “Esperamos un momento de reflexión institucional”, afirmó, y concluyó: “El Colegio seguirá señalando las deficiencias del sistema judicial porque ese es nuestro deber”.

Antes de despedirse, Cruz dejó un mensaje claro y sereno: “La falta de transparencia daña a los empleados, a los abogados y a la ciudadanía. Afecta el acceso a la justicia y erosiona nuestra confianza. Necesitamos un compromiso real con la función pública”.