El gobierno simplifica requisitos para operar servicios de transporte aéreo y atención en tierra
Actualidad06/06/2025
REDACCIÓN
Servicio de rampa
El Gobierno nacional oficializó este viernes la simplificación de trámites para empresas que prestan servicios de transporte aerocomercial y atención en tierra de aeronaves, mediante la entrada en vigor de la Disposición 16/2025. Con esta medida, se busca desburocratizar un proceso que hasta ahora requería una extensa cantidad de formularios y documentación. Las nuevas condiciones permitirán a las firmas ingresar con mayor facilidad al mercado.
La principal modificación radica en la reducción de requisitos documentales, ya que las empresas interesadas podrán acreditar su capacidad económica y financiera únicamente con una declaración jurada. Esta presentación deberá estar firmada por el solicitante y será suficiente para comenzar el proceso de autorización. La medida apunta a incentivar la inversión privada en un sector clave para la conectividad nacional.
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Desde el Ejecutivo remarcaron que el objetivo de esta normativa es "promover el desarrollo de la industria aerocomercial y potenciar la competitividad" en un momento donde la eficiencia administrativa se considera esencial. Con esta decisión también se busca reducir costos operativos y tiempos de espera para los operadores. El impacto esperado es una mayor participación de actores en el sistema aeroportuario nacional.
La nueva disposición reemplaza el régimen anterior, basado en la Resolución 1025/16, que obligaba a las compañías aéreas a reunir y presentar decenas de documentos considerados innecesarios. Estos requisitos no solo ralentizaban el proceso, sino que generaban gastos y cargas administrativas que desalentaban a nuevos operadores. En cambio, la norma actual plantea un esquema más directo y simplificado.
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"Antes de esta norma, las empresas debían sortear una burocracia excesiva ante las áreas administrativas", expresaron desde el Gobierno, al justificar la necesidad de este cambio normativo. La carga burocrática previa generaba demoras e impedía que muchas compañías pudieran participar del mercado. Ahora, se apunta a un sistema ágil, accesible y con foco en la transparencia.
El nuevo esquema no implica un abandono del control estatal, sino que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) mantendrá su rol de fiscalización. El organismo seguirá monitoreando la situación económica de las compañías, así como todos los aspectos relativos a la seguridad operacional. De esta manera, se busca equilibrio entre apertura y responsabilidad institucional.
Un punto clave de esta disposición es que no existían antecedentes normativos precisos sobre qué documentación debían presentar las empresas para demostrar su capacidad financiera. Esto generaba una zona gris que dejaba margen para interpretaciones dispares. Con esta regulación, se establece un criterio unificado y concreto.
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La decisión representa una señal clara hacia el sector privado de que el Estado busca eliminar trabas innecesarias y fomentar el desarrollo comercial de los servicios aéreos. En un contexto donde la conectividad y el transporte son claves para el crecimiento económico, esta medida se presenta como una herramienta de impulso estratégico. También se inscribe en la línea de reformas administrativas que el Ejecutivo viene impulsando desde principios de año.
Los servicios de atención en tierra incluyen tareas como rampa, embarque, desembarque, abastecimiento y mantenimiento básico, fundamentales para el funcionamiento de los aeropuertos. Hasta ahora, obtener la autorización para operar estas tareas requería un proceso tedioso y costoso. Con esta reforma, se abre la posibilidad a nuevos operadores y se dinamiza el ecosistema aeroportuario.
Fuente: La Nación
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