Los barcos que busca recuperar el español.
Fernando Álvarez Castellano reactivó una causa por la presunta apropiación fraudulenta de dos buques. La empresa busca recuperar esas embarcaciones que aún operan bajo otra razón social desde hace casi dos décadas, en medio de un extenso proceso judicial sin resolución definitiva.
La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 23. El expediente avanza en la etapa probatoria con documentación firmada por los involucrados, presentada recientemente por Conarpesa para probar la maniobra que desplazó al fundador Juan Álvarez.
El conflicto se originó cuando exdirectivos tomaron un crédito de 5 millones de dólares, según indica el portal Letra P. Raúl Espinosa, Guillermo Schmid y Carlos Rocca gestionaron ese préstamo sin autorización, utilizando como garantía a la empresa completa, valuada entonces en más de 300 millones.
El contrato incluía una cláusula que permitía el traspaso total de la firma. Si no se abonaba la primera cuota, el grupo financiero acreedor tomaba el control automático de Conarpesa, lo que ocurrió cuando Rocca no realizó ese primer pago.
La maniobra permitió a la financiera tomar posesión de la empresa. Juan Álvarez fue expulsado físicamente de su oficina sin orden judicial, en una operación que dejó a Conarpesa fuera de control familiar durante varios años.
Fernando Álvarez Castellano regresó desde España tras ese conflicto. Lo hizo con abogados, escribanos y la decisión de revertir lo ocurrido. “Volví para hacer justicia y recuperar lo que nos arrebataron”, dijo en una de sus declaraciones judiciales.
La Justicia le devolvió el control de la mayoría del patrimonio. Sin embargo, dos embarcaciones siguen bajo dominio de aquel grupo financiero. La empresa considera que esas unidades deben ser restituidas como parte del daño económico y simbólico sufrido.
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Las nuevas pruebas presentadas buscan destrabar un expediente detenido. Incluyen documentación original, actas firmadas, correos electrónicos internos y registros contables que no formaron parte del análisis inicial en la causa iniciada en 2009 por Fernando Álvarez.
Conarpesa denunció omisiones graves por parte del exgerente general. Según el expediente, Carlos Rocca actuó con conocimiento del daño que podía causar. No informó al directorio sobre los términos del crédito ni sobre las consecuencias del impago.
La cláusula contractual fue considerada abusiva por los denunciantes. Permitió la transferencia automática de una compañía entera por un solo pago omitido, en una operación diseñada para apropiarse del control societario sin aval legal ni consentimiento del titular.
Álvarez Castellano explicó que el reclamo no es solo económico. “No se trata solo de dinero, sino de dignidad, justicia y reparación moral. Se lo prometí a mi padre, y voy a cumplirlo”, expresó públicamente el empresario desde Puerto Madryn.
La empresa continúa con sus actividades pese a las pérdidas. Conarpesa opera actualmente con una flota reducida, pero mantiene su presencia en el mercado pesquero y sostiene que las dos embarcaciones en disputa son clave para recuperar su capacidad total.
El reclamo por los buques incluye una dimensión simbólica. El empresario considera que completar la restitución cerraría un ciclo de lucha judicial, iniciado hace casi veinte años, con enormes costos financieros y un fuerte impacto en la estructura empresarial.
La Dirección de Aduanas nunca intervino en la disputa por los barcos. Conarpesa señaló que los organismos de control no tomaron medidas, a pesar de que los buques fueron reempadronados con otro nombre y bajo otra sociedad del mismo grupo financiero.
El expediente avanzó poco durante más de una década. Las nuevas pruebas podrían marcar un cambio en el rumbo judicial, luego de años sin movimientos relevantes en el juzgado, donde la causa quedó paralizada en sucesivos cambios de etapa.
El juez Fernando Saravia deberá analizar el nuevo material. La documentación presentada busca reactivar la acción judicial y demostrar que hubo intención de fraude, además de señalar que los responsables actuaron con pleno conocimiento de las consecuencias del acuerdo.
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La maniobra incluyó la manipulación de decisiones societarias. La empresa sostiene que hubo un vaciamiento planificado, en el que los directivos firmaron un contrato sin aval del directorio, con la intención de transferir activos a través de mecanismos irregulares.
Conarpesa ya obtuvo fallos judiciales en otras instancias del caso. Algunas decisiones le devolvieron instalaciones y recursos clave, pero los barcos siguen fuera del alcance legal de la firma, operando con otra bandera empresarial en plena actividad comercial.
Álvarez Castellano quiere agotar todas las instancias judiciales. “Voy a llevar esta causa hasta el final. Lo hago por mi familia, por la empresa y por la verdad”, insistió en declaraciones públicas al conocerse la nueva presentación judicial.
El conflicto marcó un antes y un después para la empresa. Durante años, Conarpesa tuvo que reconstruirse desde adentro, reorganizar su estructura y recuperar confianza en el mercado tras la pérdida del control administrativo por la operación financiera.
El accionar de Rocca fue clave para consumar el traspaso. La omisión deliberada del pago inicial activó la cláusula que cambió la titularidad de la empresa. Esa acción es hoy el punto central del reclamo impulsado por Fernando Álvarez.
Los barcos aún se utilizan bajo otro nombre comercial. Aunque fueron modificados, la empresa sostiene que conserva la propiedad legal original. El juicio busca restituirlos como parte del patrimonio perdido y documentado en el proceso judicial.
La pesquera denunció múltiples obstáculos en la Justicia. Hubo presentaciones demoradas, pruebas no consideradas y recursos sin tratamiento durante años. Las nuevas pruebas buscan revertir ese escenario y activar una resolución concreta del caso.
La empresa apeló al fuero comercial por la naturaleza del conflicto. El uso de la firma como garantía, sin autorización, configura una violación al estatuto societario y genera responsabilidad civil y penal para quienes participaron de la operación.
El nuevo impulso judicial fue calificado como clave para el sector. Empresas del rubro siguen de cerca este proceso, que podría marcar precedentes sobre protección patrimonial, apropiación indebida y funcionamiento de cláusulas contractuales de tipo financiero.
Álvarez Castellano remarcó el valor moral del reclamo. Para él, no se trata solo de recuperar buques, sino de restaurar una historia empresarial familiar marcada por la lucha contra lo que considera un fraude orquestado con intencionalidad.
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El caso Conarpesa forma parte de una disputa más amplia. El sector pesquero argentino vivió varios episodios similares en años anteriores. Este caso concentra gran atención por la magnitud de la empresa y la duración del conflicto judicial.
La Justicia deberá decidir si las pruebas justifican una restitución. Conarpesa sostiene que el contrato fue nulo de origen, y que los efectos de la maniobra aún afectan su funcionamiento operativo, sobre todo en la flota congeladora tangonera.
Los documentos aportados incluyen declaraciones juradas y balances. Esa información no fue parte del análisis inicial y ahora permitiría abrir nuevas líneas de investigación dentro del expediente que lleva más de 15 años sin definiciones de fondo.
El reclamo por los barcos continúa firme. Conarpesa no planea desistir y prepara nuevas presentaciones si el juez no da lugar a las pruebas. La empresa apuesta a que esta etapa permita una resolución definitiva.
El expediente vuelve a estar bajo la lupa judicial. La decisión del magistrado será determinante para cerrar una etapa conflictiva que aún golpea a una de las pesqueras más importantes del país.
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