Dura acusación contra el CFP.Foto: Parte de Pesca.
El Consejo Federal Pesquero quedó bajo investigación judicial por presuntos sobornos. El empresario Liu Zhijiang denunció penalmente a todos sus integrantes por el reparto de cuotas de pesca en favor de un grupo reducido de empresas.
La denuncia fue presentada ante los Tribunales Federales de Comodoro Py. El estudio jurídico Burlando & Tiberio representa al titular de PRODESUR SA, firma que quedó afuera del reparto de Merluza Negra para el período 2025–2039.
Según el escrito, la exclusión de PRODESUR resultó arbitraria e injustificada. Los denunciantes afirmaron que la empresa contaba con permisos actualizados y antecedentes históricos en la captura de Merluza Negra.
“Dictaron la Resolución 15/24 para favorecer a un oligopolio”, expresó el escrito. El acto administrativo entregó las cuotas a tres empresas, dejando afuera a PRODESUR pese a sus condiciones legales.
La denuncia apuntó contra funcionarios nacionales y provinciales. Los integrantes del CFP habrían recibido pagos en dólares a cambio de dictar resoluciones específicas antes del vencimiento del régimen de cuotas vigente.
La cuotificación debió realizarse con oferta pública. El texto remarcó que las cuotas son concesiones estatales y deben asignarse con criterios de igualdad, según la Ley 24.922 y su reglamento.
PRODESUR también perdió participación en Merluza Polaca. La Resolución CFP 3/24 redujo su volumen de captura de 45 toneladas a una cifra no especificada, en beneficio de otras compañías.
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Sin premio: caída sobre la hora en el Fortín donde Kimberley le ganó a Germinal en el último suspiroEl reparto de Merluza Negra benefició a tres grandes operadores. Las firmas Argenova, Estremar/San Arawa y la Pesquera de la Patagonia recibieron las principales cuotas, sin que se justificara esa concentración.
“Violaron el principio constitucional de igualdad”, sostiene el reclamo. La denuncia citó el artículo 16 de la Constitución Nacional para reforzar el argumento de discriminación empresarial.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2 recibió la denuncia. También interviene el Juzgado Federal N° 3, Secretaría 5, donde se espera una resolución inicial en los próximos días.
Se imputó cohecho activo y pasivo a los integrantes del CFP. También se los acusó por incumplimiento de deberes como funcionarios públicos, al no respetar las normas de transparencia en actos administrativos.
Los señalados integran el Consejo con representación federal. La denuncia incluyó a representantes de provincias como Chubut, Buenos Aires, Río Negro y Santa Cruz, además de miembros designados por Nación.
El empresario Zhijiang sumó pruebas sobre el esquema de concentración. Remarcó que unas pocas compañías concentran las cuotas de especies codiciadas, como Merluza Negra, de Cola o Polaca.
La concentración distorsiona precios e impide competencia. PRODESUR consideró que el esquema actual desalienta el ingreso de nuevos operadores y favorece acuerdos de mercado entre pocos actores.
La denuncia también mencionó reuniones con empresarios pesqueros. Gustavo Pulti, legislador bonaerense, presentó una acusación paralela con testimonios sobre supuestos pedidos de coimas para acceder a cuotas.
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Ambas denuncias se unificaron en una causa común. El trámite inicial comenzó en Mar del Plata pero volvió a radicarse en Comodoro Py, donde ahora se concentra la investigación.
El estudio Burlando calificó el reparto como discrecional y opaco. Afirmó que el CFP omitió respetar el concepto de concesión pública definido en el acta interpretativa CFP 49/09.
La asignación sin concurso violó la Ley de Pesca. El artículo 27 exige un procedimiento abierto para evitar monopolios o favoritismos en la administración de los recursos vivos del mar.
Los funcionarios no dieron explicaciones sobre la decisión. Según los denunciantes, no existió acto fundado ni informe técnico que justificara la exclusión de PRODESUR.
El bufete denunció una “maniobra sistemática” para beneficiar a ciertos grupos. También apuntó contra empresarios que habrían participado de ese esquema a través de pagos y favores.
PRODESUR exigió la anulación de la resolución CFP 15/24. Solicitó que se garantice un nuevo reparto de cuotas mediante procedimientos públicos, con evaluación transparente y auditoría.
El caso podría implicar consecuencias penales y administrativas. Si se comprueban los hechos, los miembros del CFP podrían quedar procesados o incluso recibir sanciones por delitos contra la administración pública.
Pulti denunció reuniones en las que se ofrecieron cuotas a cambio de dinero. Afirmó que los encuentros se realizaron con emisarios del Gobierno y empresarios de Mar del Plata.
El sistema de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) rige hasta diciembre. Las resoluciones de este año definirán el reparto para los próximos quince años, según la planificación oficial.
Las cuotas otorgan derechos sobre especies con alto valor de mercado. Por eso, los denunciantes señalan que la presión empresarial sobre el CFP aumentó en 2024.
Los buques de PRODESUR quedaron sin acceso a recursos clave. La empresa aseguró que cumple con todos los requisitos legales, operativos y técnicos para continuar en el régimen de captura.
El conflicto deja al descubierto deficiencias del sistema pesquero nacional. La denuncia pretende abrir el debate sobre cómo se asignan los recursos del mar argentino.
Los denunciantes exigen medidas inmediatas de la Justicia. Pidieron cautelares para frenar los efectos de las resoluciones y proteger el derecho de competir en igualdad de condiciones.
El caso desató tensión en el sector. Varias empresas comenzaron a revisar su situación legal y el impacto de las cuotas asignadas en resoluciones recientes del CFP.
Se esperan novedades en Comodoro Py en los próximos días. La causa podría marcar un precedente si la Justicia avanza sobre funcionarios públicos por hechos vinculados a la administración pesquera.
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