La CONADU Histórica anunció una medida de fuerza nacional para la semana próxima. Se trata de un paro de 48 horas, previsto para el miércoles 11 y el jueves 12 de junio. El gremio denunció una situación salarial insostenible y la ausencia de respuestas del gobierno.
La decisión surgió del plenario de secretarías generales de la federación. El encuentro se realizó el viernes 6 de junio y resolvió impulsar el paro. También se analizó la posibilidad de nuevas acciones conjuntas con otras federaciones durante el mes.
El reclamo tiene como eje la recuperación del poder adquisitivo perdido. Los docentes exigen la recomposición urgente de los sueldos. Aseguraron que los ingresos actuales están por debajo de la línea de pobreza y muy lejos de la inflación real acumulada.
Desde septiembre no se convocó a nuevas reuniones paritarias. Los gremios remarcaron que la última instancia de diálogo ocurrió hace más de ocho meses. Acusaron a la Subsecretaría de Políticas Universitarias de romper el canal de negociación de forma unilateral.
El contexto inflacionario agravó la situación de los trabajadores universitarios. La mayoría de los docentes necesita otros ingresos para sostenerse. Algunos abandonaron sus cargos. Otros acortaron su carga horaria. La calidad educativa también se ve afectada.
El paro alcanzará a docentes universitarios y preuniversitarios. Afectará el funcionamiento de universidades públicas en todo el país. Las clases estarán suspendidas durante las dos jornadas. También podrían interrumpirse otras actividades académicas y administrativas.
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La consigna del paro es clara: “Sin salarios dignos, no hay universidad pública”. El lema sintetiza el descontento generalizado de la docencia. Apunta a visibilizar la situación crítica del sector y convocar a la comunidad a defender el sistema.
El ajuste impacta en toda la estructura universitaria. Los recortes afectan becas, comedores, programas de investigación y extensión. Las obras están paralizadas. La crisis pone en riesgo el funcionamiento integral de las instituciones.
Las organizaciones estudiantiles acompañan los reclamos docentes. Denuncian el impacto del ajuste en el acceso, la permanencia y la calidad. La universidad pública está en riesgo si no se garantiza el financiamiento.
El gobierno no brindó respuestas al pedido de recomposición. Desde la Casa Rosada no hubo declaraciones recientes. Tampoco se anunciaron medidas paliativas. La desconexión entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario es total.
Los rectores también manifestaron su preocupación por la situación. Varios emitieron comunicados reclamando diálogo institucional. Solicitaron presupuesto acorde a las necesidades reales y una paritaria que contemple la inflación.
El Congreso discute un proyecto de financiamiento universitario. El texto busca garantizar el funcionamiento de las universidades. Los gremios exigen su aprobación inmediata. Lo consideran una herramienta clave para sostener la educación pública.
La CONADU Histórica pidió construir unidad de acción. La federación buscará coordinar nuevas medidas junto a otras organizaciones. Plantearon la necesidad de una respuesta masiva y organizada frente al ajuste y el silenciamiento.
Se prevé una nueva jornada de paro a fines de junio. La medida sería de 48 horas y podría estar acompañada de una marcha federal universitaria. La propuesta ya fue presentada en el plenario del gremio.
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El paro es una advertencia concreta al gobierno nacional. El gremio advirtió que profundizará las medidas si no hay respuestas. La situación salarial no admite más dilaciones. La crisis empuja a la docencia a la calle.
Los salarios perdieron más del 100% frente a la inflación. Según los gremios, no hubo actualización acorde desde mediados del año pasado. El retraso es estructural. La recuperación requiere una política sostenida y voluntad política.
La educación pública vive un momento límite. El conflicto salarial docente no es aislado. Forma parte de un proceso de vaciamiento más amplio. El ajuste pone en jaque la función social de las universidades.
Los docentes exigen condiciones laborales dignas y previsibles. Piden estabilidad, salario acorde, respeto institucional y presupuesto suficiente. También reclaman reconocimiento al valor de la enseñanza y la investigación.
El paro puede convertirse en un punto de inflexión. Las jornadas de protesta buscan revertir la indiferencia estatal. Quieren movilizar a la sociedad para que defienda el rol estratégico de la universidad.
Las universidades generan conocimiento, ciencia y cultura. Su aporte al país es incuestionable. La crisis actual amenaza ese aporte. El deterioro no se detiene si no hay decisión política.
El gobierno insiste con ajustar el gasto público. La educación es una de las áreas más golpeadas. El recorte no distingue regiones, carreras ni funciones.
El conflicto tendrá repercusiones políticas y sociales. Los gremios insisten en el diálogo. Pero también remarcan su firmeza. La educación pública no es negociable, dijeron.
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Las bases docentes preparan acciones en cada universidad. Asambleas, clases públicas y volanteadas marcarán los días previos al paro. Se busca involucrar a la comunidad y generar conciencia.
El paro se enmarca en un contexto de conflictividad creciente. La recesión, la inflación y el ajuste agravan todos los frentes. La universidad pública no es una excepción.
La lucha por los salarios es parte de una causa mayor. La defensa de la universidad implica sostener sus pilares: acceso, permanencia, gratuidad y excelencia. No hay universidad sin presupuesto, repiten los gremios.
La convocatoria es amplia y abierta. El gremio llamó a participar activamente de la medida. Invitó a docentes, no docentes, estudiantes y ciudadanía en general. La unidad será clave para revertir el ajuste.
El paro fue aprobado por unanimidad. El plenario expresó el hartazgo del sector ante la falta de respuestas. También ratificó el plan de lucha. La protesta es legítima y necesaria, remarcaron.
Los docentes quieren enseñar, pero también quieren vivir con dignidad. No pueden sostener más esta realidad. La medida busca despertar conciencia y provocar decisiones políticas. No hay universidad pública sin salarios dignos.
El futuro de la educación está en juego. Las próximas semanas serán claves. Si el gobierno no responde, el conflicto se profundizará. La comunidad universitaria está en pie.
