

Durante la investigación por el femicidio de Antonella Aybar separan a 13 policías
Policiales10/06/2025

A casi un mes del femicidio de Antonella Aybar en Caleta Olivia, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz confirmó la suspensión preventiva de trece efectivos policiales involucrados en el operativo de aquel día. La decisión busca garantizar la transparencia de la investigación interna sobre el accionar de los uniformados y esclarecer si hubo responsabilidades en su proceder ante la denuncia de violencia en curso.


La joven de 25 años fue asesinada por su pareja, Nicolás Moyano, en la vivienda que compartían junto a la madre del agresor, Stella Maris Ganga. Según las pericias forenses, la muerte de Antonella fue lenta y hubo signos de defensa. Moyano había consumido marihuana y cocaína antes del crimen, según confirmó el examen toxicológico.
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Los cuestionamientos sociales y judiciales apuntan directamente a los agentes de la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia, quienes estuvieron en la vivienda minutos antes del femicidio. La madre del agresor, que presenció la agresión y fue atacada cuando intentó intervenir, denunció que pidió ayuda a los oficiales y les solicitó que ingresaran al domicilio.
El vocero de la Policía de Santa Cruz, comisario inspector Carlos Kovaluk, explicó en declaraciones a LU12 AM680 que la suspensión de los 13 efectivos se aplica bajo el artículo 105 del decreto 2091/62, que contempla medidas preventivas por un plazo de hasta 30 días sin que ello implique una sanción. “La medida no es punitiva. No prejuzga culpabilidad alguna y tiene como único fin transparentar el proceso administrativo disciplinario en curso”, afirmó.
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La denuncia inicial fue tomada en la Comisaría de la Mujer, pero el seguimiento del operativo quedó bajo análisis, ya que las declaraciones coinciden en que la policía fue advertida de lo que ocurría dentro de la casa. Un vecino también declaró que escuchó a Ganga gritar que su hijo había apuñalado a Antonella y que los agentes fueron alertados en ese momento.
La investigación penal, a cargo del juez Gabriel Contreras del Juzgado de Instrucción N.º 2, continúa con la recopilación de pruebas y testimonios para determinar con precisión la cronología del hecho. Uno de los puntos centrales es establecer si la intervención temprana de la policía pudo haber evitado el desenlace fatal.
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El ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, fue quien solicitó la intervención de la Dirección de Asuntos Internos para que se evalúe el accionar de los efectivos presentes en el operativo. Desde entonces, se inició una investigación administrativa que podría derivar en sanciones si se comprueba negligencia u omisión.
Fuente: La Opinión Austral









