Polémica en Córdoba por la compra de viagra para presos: El tribunal exige explicaciones
Policiales13/06/2025
REDACCIÓN
Tribunal de cuentas de Córdoba
El vocal del Tribunal de Cuentas de Córdoba, Beltrán Corvalán, denunció la compra de Sildenafil por parte del Gobierno provincial para internos del Servicio Penitenciario. El medicamento, conocido comercialmente como Viagra, apareció detallado en una factura oficial correspondiente al mes de abril de 2024. La misma incluye además otros insumos médicos como cremas, anticonceptivos y shampoo anticaspa.
Corvalán, representante del Frente Cívico, calificó la situación como “escandalosa” y cuestionó el uso de recursos estatales para adquirir este tipo de productos. El funcionario difundió la denuncia a través de medios locales y redes sociales, donde manifestó “estupor” ante lo que considera una administración irresponsable del presupuesto sanitario.
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La denuncia generó repercusiones inmediatas en el plano político e institucional, obligando al Gobierno provincial a brindar aclaraciones públicas. Desde la administración cordobesa explicaron que la compra del medicamento fue avalada por profesionales médicos y que no responde a usos recreativos. Argumentaron que se trata de un tratamiento específico para patologías graves.
Ariel Salari, jefe del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario de Córdoba, afirmó que el Sildenafil se prescribe en casos de hipertensión pulmonar. Se trata de una condición médica compleja que requiere seguimiento médico continuo. El funcionario aclaró que los pacientes afectados reciben atención en hospitales públicos y que las recetas se emiten conforme a protocolos establecidos.
El Gobierno provincial sostuvo que la adquisición del medicamento se enmarca en las obligaciones constitucionales de garantizar el derecho a la salud. Señaló que el acceso a tratamientos no puede restringirse por el contexto de encierro de los pacientes. Recordó que las personas privadas de libertad conservan derechos fundamentales que deben ser respetados por el Estado.
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La factura cuestionada incluye también otros productos que forman parte del esquema habitual de atención médica en unidades penitenciarias. Entre ellos figuran anticonceptivos, humectantes dermatológicos y artículos de higiene básica. Los mismos son adquiridos a través de licitaciones centralizadas por el sistema de salud penitenciario.
La polémica abrió un debate más amplio sobre los límites del gasto público en contextos de privación de libertad. Algunos sectores reclaman mayores controles sobre las compras estatales, mientras que organizaciones de derechos humanos insisten en el respeto al acceso universal a la salud, sin discriminaciones.
Desde la oposición provincial se pidió la intervención de la Comisión de Legislación General para investigar el destino del presupuesto en cárceles. Corvalán solicitó que se audite todo el circuito de compras y se identifiquen posibles responsabilidades administrativas o técnicas. Considera que la transparencia debe estar garantizada.
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El oficialismo, por su parte, defendió la actuación del Servicio Penitenciario y calificó la denuncia como un intento de “polémica innecesaria”. Remarcaron que el medicamento tiene usos médicos validados y que no corresponde estigmatizar a los pacientes por su condición de encierro. Advirtieron que el sistema carcelario debe ser humanizado y no demonizado.
Especialistas en derecho penitenciario recordaron que negar tratamientos médicos en prisión puede constituir una violación de tratados internacionales. El Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Americana sobre Derechos Humanos obligan a los Estados a garantizar atención médica digna a toda la población bajo su custodia.
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