La justicia ordenó al gobierno actualizar montos y garantizar acceso pleno a las becas Progresar

El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11 admitió un amparo colectivo presentado contra el Ministerio de Capital Humano por el incumplimiento de condiciones esenciales en el programa de becas Progresar. La acción fue promovida por la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y busca proteger el acceso de estudiantes entre 15 y 17 años.

El expediente, registrado bajo la carátula “Defensoría de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes c/ EN-M Capital Humano-DNU 8/23 s/Amparo Ley 16.986” (CAF Nº 21980/2024), reclama al Ejecutivo la actualización de los montos fijados en la Ley 27.726. También exige medidas claras para facilitar la inscripción, mejorar la difusión y brindar acompañamiento a los beneficiarios.

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El juez Diego Martín Cormick aceptó la demanda como proceso colectivo, bajo lo establecido por la Acordada 12/16 de la Corte Suprema. De esta forma, cualquier persona afectada podrá adherir al proceso, ya sea como parte actora o como potencial demandado.

Entre las medidas reclamadas figura la eliminación de requisitos no previstos por la normativa vigente, y la apertura de canales accesibles para la inscripción, especialmente para adolescentes en situación de vulnerabilidad. También se exige mayor transparencia y regularidad en la convocatoria al programa.

Cormick ordenó además la publicación de un edicto durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial y un medio de amplia difusión nacional. A partir del día siguiente a la última publicación, correrá un plazo de cinco días hábiles para que las personas interesadas puedan presentarse ante el juzgado.

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La Defensoría argumentó que los adolescentes en edad escolar se ven afectados por restricciones y barreras que impiden el ejercicio pleno de su derecho a la educación. En muchos casos, denunciaron la falta de acceso a la información y la imposibilidad de completar los trámites por falta de conectividad o asistencia institucional.

La Ley 27.726 establece el marco legal del Programa Progresar, que otorga becas a estudiantes de todos los niveles para fomentar la inclusión educativa. Sin embargo, las actualizaciones de montos y las condiciones de acceso han sido motivo de críticas por parte de organizaciones sociales y defensorías.

Con esta resolución, la Justicia abre un camino para revisar el alcance real del programa y forzar al Estado a adecuarse a los principios de equidad, no discriminación y acceso efectivo. Se trata de un fallo con impacto potencial sobre miles de adolescentes que dependen del apoyo estatal para continuar sus estudios.

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Desde la Defensoría celebraron la admisión del amparo y anticiparon que insistirán en la necesidad de una revisión integral de las políticas destinadas a jóvenes en situación de pobreza. Recordaron que la educación es un derecho humano fundamental y que su garantía no puede quedar sujeta a discrecionalidades administrativas.

El Ministerio de Capital Humano aún no respondió públicamente a la resolución, aunque deberá presentar su descargo en los próximos días si decide ejercer su defensa. El caso quedó habilitado para sumar adhesiones ciudadanas y podría derivar en nuevas acciones judiciales si se constata desobediencia estatal.