Malestar con una iniciativa de YPF de equiparar precios del combustible en todo el país
Actualidad18/06/2025
Sergio Bustos
Combustible con polémica.
La Patagonia no se calla. La reciente intención del presidente de YPF, Horacio Marín, de eliminar el régimen de precios diferenciales en los combustibles para la región despertó una ola de críticas políticas. En el Congreso, la reacción fue inmediata: diputados patagónicos de distintas provincias presentaron un proyecto de resolución para frenar el avance de lo que consideran una amenaza directa al bienestar regional.
“No es un subsidio, es un derecho”, sentenciaron. Y remarcaron que la propuesta de Marín representa “una regresión de derechos adquiridos” y contradice compromisos históricos asumidos por el Estado nacional. En otras palabras, no están dispuestos a resignar una conquista construida durante décadas.
El régimen, vigente desde 1991 con la Ley 23.966 y fortalecido en 2015 mediante la Ley 27.209 (Ley Pichetto-Pereyra), contempla exenciones fiscales sobre los combustibles en zonas que no solo producen hidrocarburos, sino que también conviven con condiciones geográficas y climáticas extremas. Abarca a La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Malargüe (Mendoza) y el Partido de Patagones (Buenos Aires).
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Desde el sur aclaran que este régimen no representa un privilegio ni un gesto de favoritismo. Lo definen como una “compensación legítima y multifactorial” a provincias que enfrentan realidades muy distintas al resto del país. La logística, las distancias, las rutas nevadas o intransitables, el alto costo del transporte: todo suma en una ecuación que hace inviable competir si se igualan los precios con el resto del país.
“El combustible no es un gasto suntuario, es una necesidad básica”, remarcaron los legisladores. Cada litro impacta en los bolsillos, pero también en el precio de los alimentos, los medicamentos y hasta la movilidad de los servicios esenciales. Sin el régimen diferencial, los costos de vida y de producción en el sur se dispararían.
La iniciativa de Marín fue presentada como parte de un supuesto plan para lograr equidad en los precios de los combustibles a nivel nacional. Pero desde el sur sostienen que la equidad no puede construirse a partir de una visión centralista que desconozca la historia y la particularidad de los territorios.
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Además, cuestionan la falta de diálogo. Señalan que la medida fue deslizada en declaraciones públicas, sin consultas previas ni análisis de impacto con las autoridades locales o legisladores que representan a las provincias afectadas.
El rechazo va más allá de las bancas. Intendentes, gobernadores y organizaciones sociales se sumaron al repudio. La sensación general es clara: si YPF avanza con esta medida, el conflicto se nacionaliza.
La tensión sigue creciendo. Lo que parecía una cuestión técnica ahora se convirtió en un frente político abierto. Y la Patagonia, una vez más, se muestra dispuesta a defender lo que le pertenece.
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