El fin de la Ley Ovina deja sin respaldo a miles de productores patagónicos

El Gobierno nacional dio de baja la Ley Ovina y dejó al sector sin su principal herramienta de financiamiento. El programa, que funcionó desde 2001 con aportes no reintegrables y créditos blandos, ya no existía en los hechos por falta de fondos, pero ahora quedó formalmente derogado por decreto.

“La Ley hacía meses que estaba muerta, porque no tenía más financiamiento”, reconoció Héctor “Beto” Zamboraín, presidente de la Sociedad Rural de Maquinchao. El decreto 408/2025, publicado el 18 de junio, oficializó la decisión y justificó el recorte con el argumento de “maximizar la eficiencia” y reducir funciones “redundantes”.

En Río Negro, la medida cayó como un baldazo. “Fue una herramienta muy útil. Se usó bien. Salvó a muchos productores”, aseguró Zamboraín. El esquema funcionaba a través de las Sociedades Rurales, con controles y seguimiento. En su mejor momento, la Ley disponía de US$ 20 millones por año.

Los créditos eran sin interés, con plazos accesibles. Permitían comprar reproductores, hacer potreros, perforaciones o mejorar galpones. También financiaban bancos de forraje o análisis de lana en laboratorios del INTA. “Acá se distribuyó bien. Se va a sentir su ausencia”, insistió Zamboraín.

En Neuquén, la realidad fue distinta. La cantidad de proyectos presentados bajó con los años. Aun así, la herramienta sirvió para sostener a los productores más chicos. “No solucionó el fondo del problema, pero ayudó a sobrevivir”, dijo Joaquín Ferrería, veterinario y organizador de la Expo Ovina local.

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“Lo único que se logró fue estirar la agonía”, sostuvo. Los precios bajos de la lana y las sequías largas ya venían castigando al sector. La ley funcionó como un sostén mínimo ante un contexto adverso.

Río Negro tiene más de un millón de ovejas y cientos de productores. Neuquén, unas 220.000 cabezas y poco más de 300 productores registrados. La escala y el impacto del recorte serán diferentes en cada provincia, pero el golpe se siente en toda la Patagonia.

El último aporte significativo fue en 2023: $302 millones en total, de los cuales $50 millones llegaron a Río Negro. Desde entonces, los fondos desaparecieron. Sin crédito accesible ni aportes, los programas se fueron apagando.

El sector esperaba una actualización, no una eliminación. La falta de inversión en mejoras tecnológicas o sanitarias es una deuda histórica. La mayoría de los sistemas productivos siguen con estructuras tradicionales y baja rentabilidad.

“No se logró modernizar el manejo”, admiten incluso desde las propias rurales. Pero destacan que, sin esta ley, muchos no hubieran seguido en pie. El financiamiento funcionó como un respiro en contextos donde no había acceso al crédito.

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En Maquinchao y en Neuquén ya piensan en sostener las exposiciones ovinas de enero. Aunque el contexto es difícil, los organizadores planean mantener los encuentros como espacios de intercambio y visibilidad para un sector que sigue resistiendo.

La caída de la Ley Ovina marca un quiebre. El financiamiento público para pequeños ganaderos se retira justo cuando más se lo necesita. Sin una alternativa clara, crece la incertidumbre sobre el futuro de una actividad que estructura la vida económica de vastas zonas rurales.