El Gobierno reasignó fondos por DNU para reforzar sueldos, subsidios y funcionamiento del Estado

Política24/06/2025REDACCIÓNREDACCIÓN
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El Gobierno nacional resolvió una nueva modificación del presupuesto vigente para 2025 a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 425/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida se respalda en la emergencia pública económica, fiscal, administrativa y social, y distribuye recursos adicionales a áreas sensibles como el pago de salarios, subsidios a la energía, gastos operativos de hospitales y universidades, y funcionamiento de organismos públicos. La normativa advierte que la demora en la adecuación presupuestaria podría afectar servicios esenciales que dependen del Estado Nacional.

El refuerzo presupuestario contempla partidas específicas para atender compromisos salariales, compra de insumos y equipamiento, subsidios, becas, transferencias y fondos para infraestructura. Según el texto oficial, se priorizan aquellas jurisdicciones de la Administración Nacional que cumplen tareas de alto impacto social. El Ejecutivo justificó la medida en la necesidad de garantizar “una distribución razonable de recursos” para cumplir con las obligaciones asumidas ante el contexto inflacionario y de ajuste del gasto público.


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El Ministerio de Economía recibe una ampliación destinada a subsidios de tarifas eléctricas y al programa de Compensación Tarifaria Zona Fría, así como también a obras de infraestructura económica y social. Además, se asignan nuevos fondos a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Por su parte, la ANSES refuerza su presupuesto para afrontar los aumentos derivados de la Ley de Movilidad Previsional y para el pago de subas en los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo, en un contexto de caída del poder adquisitivo de las jubilaciones.

En materia de salud, el decreto asigna partidas extra para cubrir los gastos operativos y salariales de hospitales nacionales como el Garrahan, El Cruce, El Calafate, Cuenca Alta, René Favaloro, Presidente Kirchner y Estevan Echeverría. También se destinan recursos para la compra de medicamentos, equipamiento médico e insumos estratégicos, además de un refuerzo para la Agencia Nacional de Discapacidad. Esta distribución busca sostener los programas sanitarios federales en funcionamiento.


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La Secretaría de Educación recibe un aumento presupuestario con el fin de atender los acuerdos salariales vigentes en las universidades nacionales, incluyendo tanto al personal docente como no docente. Esta asignación se suma al contexto de reclamos universitarios por actualización de partidas y mantenimiento de programas de formación superior en todo el país.

El Ministerio de Seguridad también figura entre los beneficiados por la reestructuración del presupuesto, ya que incorpora los fondos vinculados a la transferencia de la Dirección Nacional de Manejo del Fuego y destina mayores recursos a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. Además, se amplía el presupuesto destinado a las fuerzas de seguridad nacionales para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Federal en tareas de prevención del crimen organizado.


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En el área de Defensa, se refuerzan las partidas correspondientes a los aumentos en los haberes del personal militar activo y retirado, así como los fondos asignados al Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares. El decreto también contempla aportes y contribuciones previsionales derivados de estas actualizaciones.

Una medida adicional obliga a los organismos públicos que cuenten con excedentes transitorios de liquidez a invertirlos en instrumentos financieros del Tesoro Nacional, siempre que no interfieran con sus funciones. Esta disposición no se aplica a bancos públicos, ni a los poderes Legislativo y Judicial, ni al Ministerio Público. Para garantizar el control del flujo de fondos, se implementará un régimen de información mensual que los organismos deberán remitir a la Secretaría de Hacienda.


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El decreto también prorroga por diez años las pensiones graciables otorgadas bajo las leyes 13.337 y 27.008, fijando condiciones para los beneficiarios. No podrán acceder quienes posean bienes con valuación fiscal superior a siete millones de pesos, quienes tengan vínculo con legisladores solicitantes, ni quienes superen ingresos equivalentes a un haber mínimo.

Fuente: NA.

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