Eliminaron el plan estatal para asistir financieramente a productores algodoneros

El Gobierno nacional eliminó el Plan de Fomento de la Producción Algodonera, dejando sin asistencia financiera a los productores del sector. La decisión se oficializó mediante el Decreto 429/2025, publicado en el Boletín Oficial con fecha de este jueves. La medida alcanza directamente a quienes dependían del respaldo estatal para sostener la actividad.

La eliminación del plan se fundamenta en el vencimiento del Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera (FCIPA), que había sido prorrogado hasta 2024. No se dispuso su renovación ni se asignaron nuevos recursos presupuestarios para su continuidad.

Desde su creación por la Ley 26.060, el fondo buscaba garantizar estabilidad frente a oscilaciones de precios y fenómenos climáticos. Se trataba de una herramienta pensada para amortiguar el impacto de las malas condiciones sobre la economía algodonera. Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que el instrumento ya no es aplicable.

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“La totalidad de los recursos asignados al referido Fondo han sido ejecutados en la asistencia brindada para la Campaña 2023-2024”, señala el decreto. El texto aclara que no hay previsión de reposición presupuestaria ni posibilidades de nuevas operaciones. Esto implica el cese definitivo del apoyo financiero.

La decisión se tomó en el marco de la emergencia pública vigente y con base en las facultades otorgadas por la Ley Bases. El Ejecutivo consideró "procedente" derogar tanto la ley como el decreto reglamentario, aunque aclaró que se respetarán los convenios vigentes con las provincias.

El plan contemplaba también la contratación de seguros para daños climáticos, físicos o biológicos, pero este mecanismo nunca se activó. Las aseguradoras se negaban a ofrecer cobertura por la alta exposición al riesgo del cultivo. Eso dejó a los productores sin respaldo ante contingencias.

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El sector algodonero queda así en una situación de incertidumbre, sin una política activa que lo respalde frente a las fluctuaciones del mercado y las condiciones agroclimáticas. Los gobiernos provinciales deberán ahora definir estrategias propias para sostener a los productores.

Desde la publicación del decreto, la norma ya se encuentra en vigencia. A pesar de ello, el Ejecutivo ratificó que los convenios existentes seguirán activos “conforme a las cláusulas pactadas y al régimen jurídico aplicable”.

Fuente: NA.