Denuncian penalmente a General Conesa por cobrar multas con radares no habilitados
Actualidad30/06/2025
Sergio Bustos
El radar de Conesa en la mira.
El municipio de Conesa fue denunciado penalmente por emitir multas de tránsito con un radar que no estaba habilitado. Legisladores provinciales afirman que se cobraron infracciones en un período donde el uso del equipo era ilegal.
Javier Acevedo y Fernando Frugoni, de la CC-ARI, presentaron la denuncia ante la Fiscalía 3 de Viedma. Pidieron que se investigue si hubo delito por parte de las autoridades municipales.
El radar en cuestión está ubicado sobre la Ruta 251, cerca de su cruce con la 250. Recién en enero de este año obtuvo el aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Antes de eso, no tenía ninguna autorización.
Pese a ello, el municipio —gobernado por el peronista Héctor Leineker— habría emitido y cobrado multas captadas en ese período sin aval legal. Los legisladores aseguran que el radar funcionaba mientras regía la suspensión provincial de cinemómetros.
La situación replica lo ocurrido días atrás en Darwin, donde también presentaron una denuncia penal. En ambos casos, los denunciantes adjuntaron comprobantes de multas emitidas en fechas previas a la habilitación oficial.
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“Esto no es un error administrativo. Es una acción que viola derechos y vacía los bolsillos de los vecinos sin respaldo legal”, sostuvo Acevedo tras la presentación.
La polémica se da en medio del debate por el uso irregular de radares en rutas provinciales y nacionales. La Ley 5726, impulsada por los mismos legisladores, fija condiciones estrictas para la instalación y validación de estos equipos.
Además, notificaron a la Defensoría del Pueblo, encabezada por Adriana Santagati, quien ya intervino en reclamos similares de automovilistas. Buscan que el organismo actúe ante posibles abusos administrativos.
Las multas en cuestión exigen el pago inmediato y aparecen registradas como infracciones legítimas. Pero, según los denunciantes, fueron captadas con aparatos que, al momento de la emisión, no tenían respaldo normativo.
El radar recién cuenta con autorización desde este año. Cualquier infracción anterior podría constituir una sanción arbitraria y, según sostienen, una conducta penalmente punible.
OTRAS MEDIDAS
La fiscalía deberá analizar los antecedentes y determinar si existen elementos para avanzar en una causa. Mientras tanto, crece el malestar de los automovilistas que recibieron las multas.
Los legisladores advierten que seguirán revisando radares instalados sin aval y harán nuevas presentaciones si encuentran más casos. El control del Estado sobre el Estado se volvió una cruzada política y judicial.
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