Conocé la ruta judicial que terminó en el fallo contra Argentina por la estatización de YPF

Actualidad30/06/2025

Causa YPF imagen ilustrativa creada por LA17

El fallo que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF no surgió de un día para otro. Detrás de esa sentencia se esconde un proceso judicial que lleva más de una década, impulsado por el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigar contra el Estado tras la quiebra de las empresas del Grupo Petersen, dueñas del 25% de YPF. La historia, sin embargo, comienza mucho antes, en los años en que el kirchnerismo decidió expropiar la petrolera.

En 2012, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner anunció la recuperación estatal de YPF, expropiando el 51% de las acciones que Repsol tenía en su poder. Pero esa operación, realizada sin extender una oferta al resto de los accionistas como estipulaba el artículo 7° del estatuto de la empresa, generó el inicio de una demanda que luego tomaría forma en los tribunales de Nueva York. Ese punto fue central para los jueces: si el Estado tomó el control de la compañía, debía haber ofrecido una salida compensada al resto de los socios, algo que nunca ocurrió.

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El Grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, había adquirido acciones de YPF en 2008 y 2011 a través de préstamos de bancos internacionales, con el acuerdo de que los dividendos de la petrolera serían usados para pagar esas deudas. Pero cuando la estatización frenó esos pagos, las empresas quebraron. Entonces entró en escena Burford Capital, que compró los derechos del juicio en el marco de la quiebra en Madrid. Ese fondo, especializado en litigios internacionales, vio una oportunidad: demandar al Estado argentino por incumplir su propio estatuto.

La estrategia argentina, tanto en la gestión kirchnerista como durante el gobierno de Mauricio Macri, se centró en cuestionar la validez del reclamo. Argumentaron que la compra de las acciones fue “fraudulenta” y que la jurisdicción del juicio debía ser la Argentina, y no Estados Unidos. Sin embargo, la Corte Suprema estadounidense desestimó ese punto y confirmó que el caso se resolvería en Nueva York, donde cotizan los títulos de YPF. Esa decisión consolidó el terreno judicial para los demandantes.

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En paralelo, los abogados del Estado intentaron desmontar la operación original entre Repsol y los Eskenazi, señalando que el mecanismo usado implicaba que YPF se autofinanciaba. Según esa interpretación, el Grupo Petersen no arriesgaba capital propio, y la compra de acciones fue posible gracias a acuerdos para girar la mayoría de los dividendos a sus cuentas, en lugar de reinvertir en la empresa. Por eso, sostuvieron, no debían tener derecho a una indemnización.

La defensa también se centró en desacreditar la aplicación del artículo 7°, con el argumento de que el Congreso había actuado según la Constitución y no debía obedecer normas privadas de una sociedad anónima. Pero la jueza Loretta Preska no consideró ese punto suficiente para eximir al país de responsabilidad. El Estado, dijo, se apropió del control sin cumplir con el deber legal de ofrecer igual trato a todos los accionistas..

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En el centro del expediente judicial figura una frase que el actual gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo en el Senado en 2012, cuando defendió la estatización: “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que comprar todo según la ley de la propia YPF”. Esa declaración, utilizada por Burford como prueba, fue interpretada por la jueza como un reconocimiento explícito de que el gobierno decidió ignorar las reglas del juego corporativo.

A lo largo del litigio, Burford fue puliendo su reclamo con peritajes y cálculos que elevaron la indemnización reclamada a cifras que llegaron a los 16 mil millones de dólares, avaladas por la jueza en distintos tramos del proceso. La magistrada sostuvo que, más allá del contenido político de la estatización, el Estado argentino violó normas comerciales reconocidas internacionalmente y eso justificaba una compensación.

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En paralelo, YPF fue apartada del proceso. Preska aclaró que la responsabilidad era exclusiva del Estado argentino, no de la empresa, lo que implicó que la petrolera no tendría que pagar la multa, pero sí podría ver comprometido su control accionario si el país no cumple. Ese matiz técnico no alivia la presión política, ya que las acciones que se ordenó entregar son las que garantizan el control estatal de la compañía.

El litigio, que comenzó en 2015, no mostró diferencias sustanciales en las estrategias de defensa a lo largo de tres gobiernos distintos. Esa continuidad, lejos de fortalecer la posición argentina, dejó sin herramientas nuevas al país en un escenario judicial que ya lo venía desfavoreciendo. El fondo Burford ganó tiempo, sumó intereses y consolidó su posición, mientras el Estado no logró revertir la jurisdicción ni demostrar fraude.

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El fallo que se conoció ahora, con una nueva orden para entregar las acciones, no es un hecho aislado. Es el cierre de una larga cadena de decisiones políticas, errores técnicos y falta de previsión jurídica. La Argentina no perdió sólo por un mal alegato, sino por cómo actuó desde el inicio del proceso de estatización sin respetar el estatuto que regía a YPF como empresa mixta.

Fuente: Chequeado, Ámbito financiero, Iprofesional, NA, X