El Gobierno modificó el régimen minero y transfirió al SEGEMAR el manejo de datos geológicos

El Gobierno nacional modificó por decreto el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera y transfirió al SEGEMAR la administración del Banco Nacional de Información Geológica, que hasta ahora estaba bajo la órbita de la Secretaría de Minería. La decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través del decreto 449/2025 y afecta tanto a nuevos proyectos como a trámites ya iniciados, según detalla el texto normativo firmado en el marco de las facultades delegadas por la Ley Bases.

Uno de los puntos centrales de la medida es la simplificación de los certificados de estabilidad fiscal que deben emitir las empresas mineras, ya que a partir de ahora solo deberán consignar la fecha de presentación del estudio de factibilidad del proyecto. Esto implica la eliminación del requisito de detallar los tributos y tasas vigentes, tanto nacionales como provinciales o municipales, con el objetivo de reducir la carga burocrática para quienes solicitan este tipo de avales fiscales.

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Junto a esa modificación, el decreto establece la obligatoriedad de presentar una declaración jurada anual que incluya un informe técnico elaborado por un profesional independiente, lo cual busca reforzar la calidad de los datos técnicos aportados por las compañías. Según el Ejecutivo, esta nueva exigencia permitirá mejorar los mecanismos de verificación sobre los compromisos asumidos por los titulares de los proyectos mineros, sumando trazabilidad y responsabilidad técnica a los procedimientos de control.

El traspaso del Banco Nacional de Información Geológica al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) representa otro cambio de peso, ya que dicho organismo pasará a tener la responsabilidad plena de gestionar el registro público de datos geológicos del país. Esta reasignación tiene como objetivo evitar superposición de funciones con la Secretaría de Minería y otorgar mayor autonomía operativa al SEGEMAR, que depende directamente del Ministerio de Economía y posee experiencia técnica consolidada en el ámbito geocientífico.

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La Secretaría de Minería conservará sus funciones en materia de certificación y fiscalización de proyectos, pero ya no será responsable del manejo directo de la información geológica nacional. El Gobierno considera que este nuevo esquema permitirá una articulación más eficiente entre las distintas áreas técnicas, promoviendo un sistema más ágil y menos redundante en la administración de la base de datos y la información vinculada a la exploración minera en el país.

El decreto se dicta en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley 27.742, más conocida como Ley Bases, que declaró la emergencia pública y otorgó al Ejecutivo herramientas para reorganizar sectores estratégicos del Estado. En ese contexto, la minería aparece como uno de los rubros donde se buscan mecanismos para simplificar trámites, reducir plazos administrativos y fortalecer el flujo de inversiones, sin alterar los controles sobre el cumplimiento normativo de cada proyecto en particular.

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La norma tendrá aplicación inmediata y alcanzará también a los expedientes ya iniciados, por lo que los actores del sector deberán adaptarse de forma directa a los nuevos requerimientos. En paralelo, el decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme lo estipula la Ley 26.122 que regula la validez de los decretos delegados, aunque no se prevén objeciones políticas en lo inmediato, dada la sintonía con el marco legal aprobado recientemente.

Desde el sector privado, algunas cámaras mineras valoraron los cambios como un avance en términos de simplificación y seguridad jurídica, aunque remarcaron la necesidad de un esquema de transición que permita adaptar la presentación de informes técnicos sin generar demoras ni inconsistencias. Por su parte, las provincias productoras, que conservan competencias en materia minera, aún no se pronunciaron públicamente sobre el alcance de estas modificaciones, pero se espera que soliciten instancias de coordinación para mantener autonomía en sus marcos tributarios.

Fuente: NA.