Más detalles sobre la desregulación eléctrica del Gobierno que redefine el rol de todo el sistema energético

El Gobierno nacional puso en marcha una transformación estructural del sistema eléctrico argentino mediante el decreto 450/25, que reglamenta la desregulación del mercado y redefine sus principales organismos. La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilita la contratación libre entre privados, promueve la competencia en generación y comercialización, y permite que grandes usuarios elijan proveedor.

Durante los próximos 24 meses se desarrollará una transición normativa que incluye la modificación de reglamentos vigentes desde 1992. La Secretaría de Energía deberá garantizar un proceso ordenado, diseñar nuevos mecanismos de remuneración, asegurar el cobro de contratos y fomentar la eficiencia en el abastecimiento de combustibles. Uno de los ejes será la desconcentración del mercado y la prevención de posiciones dominantes.

El decreto también reestructura las funciones de organismos como CAMMESA, el Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE) y el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. Se iniciará una transferencia progresiva de contratos a distribuidores y grandes usuarios, y se facilitará la libre compra de combustibles por parte de las generadoras. La intención es fomentar la inversión privada en transporte y distribución con reglas más claras.

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La Ley 15.336 fue modificada para incluir la comercialización eléctrica como actividad regulada. Las operaciones entre partes pasarán a tratarse bajo normas del derecho civil y comercial. Las provincias conservarán sus atribuciones sobre autorizaciones y concesiones, siempre que no interfieran con la legislación federal ni con la libre circulación de energía.

Una de las principales novedades es la eliminación de tributos locales que no correspondan a servicios prestados o que excedan su costo real. Según el artículo 12 bis, cualquier impuesto que entorpezca el traslado del costo de la energía a la tarifa final será considerado incompatible con la política nacional. Además, se mantiene la concesión nacional para obras hidroeléctricas de más de 500 kW.

El CFEE fue redefinido como un órgano técnico bajo la órbita de la Secretaría de Energía. Su nueva composición incluirá representantes de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. El Fondo Nacional de Energía Eléctrica será financiado con un recargo sobre el precio del MEM y distribuirá recursos para ampliar el sistema de transporte, compensar tarifas y ejecutar obras en el interior.

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También se introdujeron cambios en la Ley 24.065 para habilitar contratos a término y redefinir objetivos regulatorios. El sistema deberá vincular precio con calidad, fomentar la diversificación energética, facilitar el comercio internacional de electricidad y garantizar su autosustentabilidad económica. Se incorpora al mercado a comercializadores, almacenistas y usuarios-generadores de acuerdo con la Ley 27.424.

Los distribuidores deberán adquirir al menos el 75% de su demanda en el mercado a término. Además, la Secretaría podrá autorizar obras de transporte esenciales que no estén en contratos vigentes, siempre que resulten necesarias para el sistema nacional. También tendrá la facultad de habilitar exportaciones e importaciones bajo mecanismos transparentes y competitivos.

Se aclaró que los contratos del mercado a término deben ejecutarse a través del SADI y tendrán protección federal frente a normas locales que intenten obstaculizarlos. Las tarifas eléctricas deberán reflejar el costo real, discriminando todos los componentes y evitando cargos ajenos a los bienes y servicios facturados. Así, se busca transparentar la relación entre usuarios, distribuidores y generadores.

Fuente: Econojournal.