El Gobierno disolvió 21 organismos y concentró funciones en Economía, Salud y Transporte

El Gobierno de Javier Milei oficializó la disolución, transformación o fusión de 21 organismos estatales, en el movimiento más grande de reestructuración administrativa desde su llegada a la Casa Rosada. La medida se conoció este martes en el Boletín Oficial Nº 35.702 y forma parte del plan de ajuste con el que busca cumplir su promesa de “déficit cero”.

El decreto establece la eliminación de entes que operaban en áreas sensibles como salud, transporte, agroindustria, industria y obras públicas. Desde el Ejecutivo aseguran que las funciones sustantivas no desaparecerán, sino que se redistribuirán dentro de ministerios y secretarías ya existentes. “No se trata de eliminar servicios, sino de dejar de financiar estructuras ineficientes”, justificaron.

Entre los organismos eliminados se destacan la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, las Delegaciones Sanitarias Federales y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. La lista también incluye entes técnicos como el Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

En salud, la reestructuración abarca desde hospitales hasta institutos nacionales. El Instituto Nacional de Medicina Tropical y el de Enfermedades Cardiovasculares pierden su autonomía y sus funciones pasarán directamente al Ministerio de Salud. También se suprime la estructura descentralizada de los SAMIC (Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad), que se integrarán a una nueva Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES).

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En transporte, la histórica CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) será reemplazada por una Agencia de Control de Concesiones, que también asumirá parte de las funciones de la Junta de Seguridad en el Transporte. Este nuevo organismo tendrá como misión fiscalizar servicios de pasajeros y cargas, desde trenes y colectivos hasta rutas concesionadas.

El Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, absorberá la mayoría de las funciones que antes tenían organismos descentralizados. También gestionará los fondos remanentes de los entes disueltos, que irán directamente al Tesoro Nacional. Además, se encargará de reordenar personal, equipamiento y contratos. “Queremos un Estado más ágil, menos burocrático y más barato”, repiten en las oficinas oficiales.

Según el diagnóstico que acompaña el decreto, en los últimos 14 años los organismos descentralizados del Estado pasaron de tener 35.481 empleados a 88.095. El informe menciona también “superposición de funciones, falta de control interno y estructuras sobredimensionadas que diluyen responsabilidades”. En algunos casos, como en el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, se detectaron oficinas con cinco jerárquicos por cada técnico operativo.

Todos los trabajadores conservarán sus cargos hasta que se reorganicen las estructuras nuevas, aunque los gremios temen despidos encubiertos. La decisión de suprimir organismos y reubicar tareas encendió las alarmas en sectores sindicales, que reclaman mesas de diálogo para defender los puestos de trabajo.

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Los bienes inmuebles, vehículos y equipamientos sin uso operativo pasarán a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Este organismo decidirá si los reasigna a otros organismos, los licita o directamente los vende. “No se puede seguir manteniendo oficinas que funcionan como sellos de goma”, argumentaron desde la jefatura de Gabinete.

El Gobierno instruyó a los ministerios a presentar en las próximas semanas sus propuestas de reorganización interna. Cada cartera deberá adaptar sus estructuras para incorporar las nuevas funciones sin generar costos adicionales. La idea es fusionar equipos técnicos, reducir niveles jerárquicos y evitar duplicidades.

Las reacciones políticas no tardaron. Desde la oposición denunciaron un vaciamiento del Estado y alertaron por el impacto en servicios esenciales. “Esto no es eficiencia, es desmantelamiento”, lanzó un diputado del bloque Unión por la Patria. Organizaciones vinculadas a la agricultura familiar, la salud pública y la seguridad vial también manifestaron su rechazo.

Para el Gobierno, sin embargo, esta medida es apenas el comienzo de una reestructuración profunda. Javier Milei repite que el Estado está sobredimensionado y que su plan no se detendrá. La eliminación de 21 entes se suma a otras decisiones ya ejecutadas, como la poda de subsidios, la reducción de programas sociales y el recorte de transferencias a las provincias.

Mientras se ajusta la máquina estatal, los ministerios deberán mostrar resultados en medio de una estructura completamente cambiada. Con menos organismos, menos personal operativo y nuevos esquemas de control, la gestión pública entra en una etapa de transición inédita.