


El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, apuntó directamente contra Gustavo Fita por sus recientes declaraciones públicas. El diputado había acusado al gobernador Ignacio Torres de intentar doblegar al Poder Judicial, en medio de la polémica por la eliminación de fueros.
Iturrioz fue categórico al señalar que "si es testigo de un ilícito siendo funcionario público, tiene que denunciarlo". En sus palabras, esa omisión no solo lo deslegitima como denunciante, sino que además lo coloca al borde de una posible falta penal.
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Fita había expresado que el gobernador busca "poner de rodillas a la Justicia". Las frases surgieron en defensa del juez Claudio Petris, quien se encuentra bajo investigación por acusaciones que incluyen abuso sexual, cohecho y lavado de activos.
La controversia se reavivó tras la propuesta de Torres para eliminar los fueros en los tres poderes del Estado. Desde el oficialismo señalaron que el juez Petris intentó bloquear la iniciativa mediante acciones judiciales.
Iturrioz explicó que la inmunidad de opinión no otorga carta blanca para hacer denuncias sin fundamento. “No se puede usar esa figura como escudo para lanzar acusaciones sin consecuencias”, sostuvo el ministro en diálogo con medios provinciales.
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El artículo 262 del Código Procesal de Chubut obliga a los funcionarios a denunciar delitos de acción pública que conozcan en ejercicio de sus funciones. Para Iturrioz, esa norma deja a Fita en una situación delicada si no formaliza sus dichos.
"Espero que, cumpliendo cabalmente la obligación que la Justicia establece a su investidura, Fita haya iniciado la denuncia penal respectiva; lo contrario implicaría que, quien incurra en delito de acción pública, sea el legislador", señaló Iturrioz.
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"Si Fita cree que hubo delitos, debe denunciarlos. Si no lo hace, incurre en omisión", dijo Iturrioz al referirse a las responsabilidades que implica un cargo público ante hechos de posible delito.
La discusión entre ambos expone el debate por los fueros. Mientras Torres avanza con su propuesta, sectores del peronismo buscan deslegitimar la iniciativa al vincularla con supuestas represalias institucionales.
Iturrioz concluyó que "la seguridad pública requiere que todos, especialmente los funcionarios, denuncien los delitos de los que tengan conocimiento". En su visión, la legalidad y la ética deben prevalecer sobre las operaciones políticas.









