La Justicia descartó la denuncia penal contra los ministros del Superior Tribunal de Chubut

Chubut11/07/2025

Superior Tribunal de Justicia de Chubut

El Ministerio Público Fiscal del Chubut cerró sin imputaciones la denuncia penal impulsada por la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial contra todos los ministros del Superior Tribunal de Justicia. La decisión fue comunicada luego de una evaluación integral del caso, que incluyó revisión documental, análisis jurídico y toma de testimonios.

“No hubo delito penal”, concluyó el equipo de fiscales designado por Resolución N° 120/25 del procurador general Jorge Miquelarena. La presentación había apuntado a supuestas irregularidades administrativas relacionadas con el manejo interno de la corte provincial.

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La denuncia incluía observaciones sobre asignación de haberes, uso de pasajes, contrataciones y resoluciones firmadas por los ministros del máximo órgano judicial. Sin embargo, las diligencias preliminares no arrojaron elementos que permitieran tipificar ninguna de las conductas como delito en términos penales.

“Se trató de una evaluación técnico-legal basada en el Código Procesal Penal del Chubut”, indicaron desde el MPF. La fiscalía descartó que exista mérito para avanzar con la apertura de una investigación formal ni con la formulación de cargos.

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La Asociación había presentado la denuncia institucionalmente, aunque poco después su presidente, Claudio Petris, comunicó su renuncia. Ese hecho, si bien no alteró el trámite, expuso el impacto político y simbólico que generó la presentación ante la Justicia penal.

La actuación fiscal incluyó un análisis de cada una de las decisiones cuestionadas por la entidad denunciante. Según se informó, “las irregularidades señaladas no constituyen por sí mismas hechos delictivos”, lo que llevó al archivo del expediente.

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No es la primera vez que una denuncia contra autoridades judiciales se evalúa en esta línea técnica. El MPF sostuvo que el control sobre los actos administrativos de jueces y juezas debe respetar los límites del derecho penal y ceñirse a normas procesales.

El dictamen que dispuso la desestimación se dictó luego de semanas de revisión interna y no deja margen para continuar con una causa judicial penal por estos hechos. Cualquier otra revisión o procedimiento administrativo deberá canalizarse por otras vías.