El imperio oculto de La Salada: tres familias manejaban $37.000 millones y más de 50 propiedades

Una estructura empresarial paralela operaba bajo la feria más grande de Latinoamérica y movía millones sin pasar por el circuito formal. Tres grupos familiares, conectados entre sí, organizaron durante décadas una red de alquiler de puestos, lavado de activos y evasión impositiva con epicentro en La Salada.

El último avance judicial reactivó el foco sobre Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”, detenido otra vez en el marco de una causa federal. El juez Luis Armella procesó a 20 personas, de las cuales cinco quedaron presas en un penal, ocho con domiciliaria, siete en libertad y dos permanecen prófugas. La fiscal Cecilia Incardona expuso cómo el dinero fluía por un entramado familiar.

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Los bienes identificados hasta ahora son impactantes: 51 propiedades, 65 vehículos y más de $37.000 millones entre efectivo, cuentas e inversiones, además de 3 millones de dólares. Solo la familia de Castillo acumulaba más de 20 inmuebles, autos de lujo y depósitos millonarios. El patrimonio incluía incluso un colegio en construcción.

La operatoria incluía desde puestos de ropa en los predios Punta Mogote, Urkupiña y Ocean, hasta cocinas y baños alquilados como servicios. La sociedad Punta Mogote SCA, junto a UNIFAP SA, ofrecía puestos para venta de productos falsificados y cobraba alquileres en efectivo. La feria funcionaba como circuito cerrado con seguridad propia, sistema de cobros y control familiar de las ganancias.

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Jorge Castillo no trabajaba solo. Su pareja, Natalia Luengo, controlaba la recaudación y gestionaba los ingresos que se trasladaban desde los predios hasta su casa. En una escucha, se habla de “47 bultos” de dinero contados “millón por millón”. El objetivo era preparar a su hijo, Manuel, para heredar el negocio.

Los Antequera replicaban el mismo sistema en Urkupiña. Enrique, el prófugo más buscado, fundó empresas junto a su hermano y sus hijos para encubrir ingresos. Alkiluce SA, su firma de logística, permitía trasladar mercadería sin declarar y gestionar las bauleras donde se almacenaban los productos. También manejaban una galería de 160 espacios que generaban $7 millones mensuales.

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La tercera pata era la familia Presa, que operaba con una contadora, dos hijas en cargos directivos y sociedades registradas a nombre de allegados. En las escuchas, Guadalupe Presa asegura: “Yo soy la que sabe lo que tienen mis viejos, ni siquiera ellos lo saben”. Las cifras revelan que entre los tres grupos sumaban 50 millones de dólares entre depósitos y propiedades.

A pesar de las detenciones y clausuras temporales, La Salada volvió a abrir sus puertas, esta vez intervenida por la Justicia. Muchos puesteros intentan alejarse del circuito ilegal, mientras el expediente avanza y deja al descubierto cómo, durante décadas, “miles de personas cometían delitos diariamente con total impunidad”, según la fiscalía.

Fuente: Diario Clarín, La Nación, Infobae, BAE