
Chubut sale a blindar sus acciones en YPF y prepara batalla judicial en EE.UU.
Actualidad16/07/2025

El gobierno de Chubut se planta ante la justicia de Estados Unidos y activa una estrategia para proteger su parte en YPF. La provincia reclamará formalmente que el 8,6% de las acciones clase D le pertenecen y que no pueden ser embargadas por una deuda del Estado nacional.

“No pueden ejecutar la casa de dos personas por la deuda de una sola”, advirtió el vicegobernador Gustavo Menna. La frase resume el núcleo de la presentación que harán en los tribunales de Nueva York, donde la jueza Loretta Preska falló contra la Argentina.
El Ejecutivo enviará un proyecto de ley para convalidar el convenio de traspaso de acciones firmado en 2012, pero nunca ratificado. Aquella transferencia se dio en el marco de la expropiación del 51% de YPF que estaba en manos de Repsol, y asignó un 49% de ese paquete a las provincias petroleras.
Chubut recibió el 8,6% y ejerció desde entonces funciones como accionista. Según Menna, “la provincia tuvo representación en el directorio de YPF desde el primer momento, pero falta formalizar el acuerdo y protocolizarlo como corresponde”.
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El valor libro de esas acciones oscila entre 500 y 600 millones de dólares. Se trata de un activo estratégico no sólo por su rentabilidad, sino también por su peso en la calificación crediticia de la provincia.
La estrategia legal incluye una presentación similar a una “tercería de dominio”. Apuntan a demostrar que las acciones en juego no son propiedad exclusiva del Estado nacional, sino también de las provincias, lo que impide su embargo sin distinción.
Menna remarcó que la responsabilidad por la causa la tiene el Estado nacional, no Chubut ni YPF. Y advirtió que “si no se presenta esta defensa, la provincia corre riesgo de perder un bien que le pertenece”.
La ofensiva judicial también tiene un objetivo político: empujar a otras provincias a actuar. Santa Cruz ya anunció una acción similar, y no se descarta que más jurisdicciones reclamen su parte.
“Si todas las provincias petroleras hicieran valer su condición de accionistas, ya se resolvería la mitad del problema”, sostuvo Menna. Para el vicegobernador, es una oportunidad para marcar territorio y defender el federalismo en el plano económico.
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El gobierno también revisa las condiciones del acuerdo original. No hay constancia formal de que las acciones hayan sido suscriptas o integradas, lo que abre dudas sobre el proceso. “Estamos reconstruyendo toda la historia porque faltan documentos clave”, explicó.
Torres buscará cerrar esa grieta institucional con la ley que enviará a la Legislatura. El objetivo: blindar jurídicamente la tenencia provincial y anticiparse a posibles embargos.
La urgencia obedece a los pasos procesales que puede dar la jueza Preska en caso de avanzar con la ejecución. Chubut no quiere quedar atado a una omisión administrativa que debió resolverse hace más de una década.
La presentación judicial marcará un precedente para el resto de las provincias petroleras. Si la Corte de Nueva York admite la titularidad separada, buena parte de las acciones clase D quedarían fuera de cualquier embargo.
“Este derecho no depende de que YPF opere o no en Chubut. Las acciones son parte del patrimonio provincial”, cerró Menna. La advertencia apunta a cualquier intento de condicionar la defensa al futuro de la petrolera en la región.









