Armadores piden frenar la pesca y culpan al SOMU por bloquear los permisos de pesca
Actualidad24/07/2025
Sergio Bustos
La pesca sigue en conflicto.
Las empresas armadoras con flota congeladora tangonera activaron una alarma. En las próximas horas formalizarán ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) un pedido de excepción a la exigencia legal de actividad comercial, prevista en la Ley Federal de Pesca.
El artículo 28 de la norma establece un límite de 180 días de inactividad. Si los buques no justifican ese período, pierden automáticamente sus permisos de pesca. La flota busca evitar esa sanción amparándose en la actual situación gremial.
“Solicitamos que no se compute la inactividad ante una causa extraordinaria”, señalarán las armadoras en la presentación. Apuntan directamente contra el SOMU, a quien acusan de bloquear toda posibilidad de acuerdo y mantener una postura inflexible.
La falta de acuerdo paralizó la operación de más de un centenar de buques congeladores, justo en plena temporada de pesca de langostino en aguas nacionales. Las empresas advierten que, si no se resuelve la cuestión, perderán permisos de pesca clave para su actividad.
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Para sostener el reclamo, las armadoras adjuntarán documentación oficial. En los expedientes de la Secretaría de Trabajo consta que el sindicato ratificó su postura sin mostrar disposición al diálogo, lo que generó un callejón sin salida.
El gobierno tomó nota y se corrió del conflicto. Ayer, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, analizó la situación junto a su equipo y decidió no continuar con la mediación. La disputa quedó librada a las partes, sin intervención estatal.
Estuvieron en la reunión el secretario de Trabajo, Julio Cordero; el subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla; y el representante del Ejecutivo ante el CFP, Martín Fernández. El diagnóstico común: no hay condiciones para destrabar el conflicto.
“La postura del SOMU se mantiene inflexible y reiterada”, resumieron desde el Ejecutivo. Con esa constatación, el Ministerio dejó asentado que no hay margen para más audiencias ni para forzar acuerdos que no prosperan.
Ante ese escenario, las empresas optaron por una estrategia legal. Solicitan que el CFP autorice formalmente la justificación de inactividad por una causa no imputable a ellas. De esa forma, evitarían salir a pescar solo para cumplir un requisito burocrático.
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Los permisos de pesca están en juego. Si el Consejo no otorga la excepción, los barcos deberían operar al menos una marea antes de que se cumpla el plazo legal. En muchos casos, la falta de tripulación y condiciones operativas lo vuelve imposible.
El pedido se presenta como un intento de evitar un colapso mayor en la actividad, que ya arrastra problemas por la inflación, el precio del combustible y la caída de mercados externos. El conflicto sindical agravó todos los indicadores.
El SOMU, por ahora, no cede. Desde el sindicato no hubo señales de negociación y las posturas parecen irreconciliables. Las empresas sostienen que el gremio plantea exigencias inviables y rehúye cualquier acuerdo real.
La situación deja al sistema en tensión. La pesca de langostino es una de las más importantes en volumen y divisas para el país. Sin flota congeladora en el mar, se interrumpe una parte vital de la cadena exportadora.
Las próximas horas serán clave. El CFP deberá decidir si admite el pedido de excepción o mantiene la exigencia legal. De esa decisión depende el futuro inmediato de una porción estratégica de la pesca argentina.
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