El Senado frena el proyecto contra las apuestas online y deja sin tratamiento la ley hasta 2026

El proyecto para regular las apuestas en línea y establecer límites a la publicidad quedó estancado en el Senado y no volvería a tratarse hasta 2026. A pesar de la media sanción obtenida en Diputados, la falta de acuerdo en comisiones y la presión de intereses vinculados al sector dejaron el texto sin avance concreto.

La propuesta contempla restricciones al acceso de menores a las plataformas de apuestas y establece la prohibición de todo tipo de promoción en medios y redes sociales. Sin embargo, el giro a múltiples comisiones y las dilaciones administrativas impidieron que el debate prospere en el corto plazo.

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La Comisión de Salud, presidida por la senadora Lucía Corpacci, fue la única que trató el tema este año, pero sin dictamen. Según se informó, los asesores evaluaban el proyecto aprobado en Diputados en noviembre de 2024 junto a otras 22 iniciativas similares presentadas por senadores de diferentes bloques.

La demora también respondió a un cambio en el esquema de análisis, ya que se definió su pase a las comisiones de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales. La decisión, tomada recién tras varios meses, paralizó la posibilidad de conformar una reunión plenaria que impulsara la votación del texto.

El artículo más controvertido es el 8, que prohíbe la publicidad de juegos de azar en plataformas digitales, redes sociales, medios tradicionales, camisetas deportivas y espectáculos masivos. Solo se habilita la promoción dentro de establecimientos físicos habilitados, como bingos, hipódromos y agencias.

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Desde sectores religiosos y sociales se había reclamado el avance del proyecto, que fue presentado por organizaciones que trabajan con adicciones. “La Iglesia ya expresó a la vicepresidenta Victoria Villarruel su interés en que la ley se apruebe”, recordaron fuentes legislativas, aunque la única respuesta fue un reposteo en redes sociales.

El oficialismo buscaría una versión menos restrictiva que no afecte el modelo de sponsoreo deportivo y publicitario. Varios legisladores también dejaron trascender su intención de acompañar los intereses del sector privado, lo que debilitó el consenso que sí se había logrado en Diputados.

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Además de prohibir la difusión y el acceso de menores, el texto contempla penas de tres a ocho años para quienes administren plataformas ilegales sin autorización de la jurisdicción competente. También prohíbe el emplazamiento de contenido vinculado a apuestas en cualquier nuevo canal de comunicación que surja por avances tecnológicos.

El texto señala que el Congreso puede regular el tema por su impacto en la salud pública, aunque algunos sectores sostienen que hay competencias provinciales que podrían ser invadidas. La discusión sobre los límites jurídicos se sumó al clima electoral y la presión de los anunciantes, que terminaron por diluir el impulso original.