Neuquén avanza con narcotest obligatorio para toda la política y la Justicia

El oficialismo neuquino busca esta semana el primer visto bueno legislativo para un proyecto que impone controles toxicológicos a todo funcionario público. La Comisión de Desarrollo Humano podría despacharlo este jueves, antes de que pase a Asuntos Constitucionales y Hacienda.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Rolando Figueroa en el discurso de apertura de sesiones, cuando afirmó que “para ser coherentes con esta lucha contra el narcomenudeo, hay que debatir una ley que fije controles voluntarios y aleatorios”. Sin embargo, el texto hoy va más allá y plantea la obligatoriedad.

El borrador unifica cinco proyectos y establece que las pruebas deberán detectar alcohol, cannabis, cocaína, fentanilo, heroína, ketamina y otras sustancias no recetadas. Todavía se analiza si mantener o no esta enumeración en el articulado final.

El alcance es amplio: incluye al gobernador y su gabinete, legisladores, jueces, fiscales, directores de entes, presidentes de organismos, personal penitenciario y consejeros de la magistratura. La letra chica sobre los límites todavía se negocia.

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Uno de los puntos más tensos es la obligatoriedad. El texto avanza hacia un esquema periódico y aleatorio, con controles obligatorios al menos una o dos veces al año para policías y fiscales que investiguen narcotráfico.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud, que evaluará cada positivo y podrá derivar a tratamiento. Sin embargo, el espíritu del proyecto apunta más a un filtro ético que a un enfoque sanitario, lo que genera posiciones encontradas.

El castigo abre otro frente de discusión. El primer positivo permitiría una contraprueba, pero no hay acuerdo sobre si un segundo resultado implica suspensión, sanción administrativa o expulsión del cargo. Algunos legisladores plantean que la remoción solo debería aplicarse a casos graves o de reincidencia.

El financiamiento es otro punto caliente. Se discute si el Estado costeará los test o cada persona deberá pagarlos. También preocupa cómo evitar que el control se convierta en un negocio para pocos laboratorios y garantizar transparencia en la contratación.

El debate se extiende a las candidaturas. El borrador exige certificado negativo al oficializar listas, lo que complica el calendario electoral, ya que en la provincia suelen coincidir elecciones provinciales y municipales.

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En 2023 hubo 623 cargos en juego entre gobernador, vice, legisladores, intendentes, concejales y consejeros escolares. La magnitud del operativo y su financiamiento generan dudas entre los partidos.

Algunos proponen que solo lo presenten los primeros candidatos de cada lista; otros, que se realice una vez electos y antes de asumir. La aplicación en tiempo de campaña podría judicializarse si se percibe como una herramienta política.

En el oficialismo admiten que el proyecto tendrá modificaciones en el recinto, pero remarcan que la provincia no puede mirar para otro lado ante el consumo problemático en la función pública.

En la oposición hay apoyo general a la idea, aunque con diferencias sobre su implementación. Varios legisladores insisten en “evitar una caza de brujas” y priorizar un enfoque preventivo junto al control.

En cualquier caso, todo indica que el narcotest se aprobará. La pelea ahora es por cuándo, cómo y a qué costo se aplicará, y si será recordado como una herramienta de transparencia o como una medida punitiva sin resultados concretos.