Exjefes de Vialidad, a un paso del juicio por saqueo de áridos en Chubut
Policiales13/08/2025
Sergio Bustos
La audiencia en tribunales.
El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Lucas Papini, afirmó que hay pruebas suficientes para llevar a juicio oral y público a Fabián Pérez y Juan Carlos Vinay, exfuncionarios de Vialidad Provincial, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la investigación, entre el 15 de enero y el 9 de febrero de este año, autorizaron sin permiso ni control el retiro de 3.600 metros cúbicos de piedra y arena de la Cantera Arroyo Fontana, ubicada en la ruta 71 y propiedad de Vialidad Provincial.
El material fue extraído por la empresa privada Transportes Muñoz, de Sergio y José Muñoz, con destino a un callejón de uso privado. La maniobra benefició directamente a tres particulares: Ángel Antonelli, Oscar Méndez y Carlos Paggi.
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La Fiscalía sostiene que los imputados dieron órdenes a personal de la cantera para no controlar la cantidad ni el destino del material, además de permitir el ingreso de vehículos particulares para guardar maquinaria ajena sin trámite alguno.
Incluso, Pérez intentó apartar de su puesto a Rodrigo Sánchez, empleado a cargo del cuidado de la cantera, con el objetivo de evitar controles sobre el retiro de áridos. El valor estimado del material sustraído supera los $4.320.000.
Papini remarcó que el caso no se limita a un perjuicio patrimonial. “Está en juego la transparencia, la igualdad y el correcto funcionamiento de la administración pública”, señaló.
La investigación determinó que durante los 25 días que duró la extracción no se realizaron registros formales de ingreso o salida, lo que impidió establecer con precisión la magnitud total del beneficio para los particulares.
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El expediente también describe un uso discrecional de bienes públicos, ya que la cantera oficial se convirtió, durante ese período, en un depósito improvisado para maquinaria privada sin autorización formal.
Este jueves, el juez deberá resolver el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de los exfuncionarios. Si la solicitud es rechazada, la Fiscalía contará con diez días para analizar nueva prueba antes de requerir la elevación a juicio.
En Esquel y la zona cordillerana, la causa generó fuertes repercusiones políticas y gremiales, con reclamos de mayor control sobre los recursos provinciales. Organizaciones sociales pidieron que se investigue a todos los beneficiarios de la maniobra y se recupere el valor del material sustraído.
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