Un juez federal admite amparo indígena contra la disolución del INAFCI e INTA

El juez federal de Rawson, Hugo Sastre aceptó la competencia para intervenir en el amparo presentado por la Comunidad Aborigen de Laguna Fría y Chacay Oeste contra el Estado Nacional. El reclamo se dirige al decreto 462/25 del presidente Javier Milei, que dispuso la disolución del Instituto de Agricultura Familiar (INAFCI) y redujo el funcionamiento del INTA sin ningún tipo de consulta.

La decisión se conoció este lunes 18 de agosto, luego del dictamen favorable del fiscal federal Fernando Gelvez. Sastre declaró “admisible” el amparo y ordenó notificar al Estado Nacional, que ahora tendrá doce días hábiles para responder a la medida cautelar solicitada por la comunidad.

El planteo judicial fue ingresado la semana pasada y cuestiona que el decreto presidencial se haya aplicado sin respetar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, un principio consagrado en la Constitución desde 1994 y respaldado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En su presentación, la comunidad sostuvo que la eliminación del INAFCI y las modificaciones sobre el INTA afectan de manera directa sus formas de producción y su vida cotidiana.

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Desde la comunidad remarcaron que “el derecho a la consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos originarios” y que la falta de participación en decisiones de esta magnitud vulnera garantías reconocidas a nivel nacional e internacional. La vía excepcional del amparo se justifica, según el fallo, por el impacto inmediato que generan estas medidas en los territorios de la meseta chubutense.

El INAFCI y el INTA han cumplido durante décadas un rol estratégico en la agricultura familiar, la asistencia técnica y el acompañamiento de comunidades que dependen de la producción ovina y de actividades tradicionales. Su disolución, sostienen los referentes indígenas, implica un retroceso en políticas que garantizan la subsistencia de familias enteras en zonas rurales.

La admisión del amparo en Rawson representa un primer paso en la disputa judicial que podría frenar la aplicación del decreto. Sastre reconoció la legitimidad de la Comunidad Mapuche Tehuelche para cuestionar la decisión presidencial, un punto central en la estrategia de las organizaciones originarias para hacer oír su voz frente a reformas adoptadas sin diálogo.

En paralelo, tres comunidades de Cushamen impulsaron un amparo similar ante el Juzgado Federal de Esquel, donde el expediente se encuentra pendiente del dictamen fiscal. Si ese tribunal avanza en la misma línea, la controversia podría escalar hasta instancias superiores y poner en discusión el alcance real de las facultades delegadas en la ley “Bases”.

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La resolución también vuelve a poner en el centro la tensión entre el Gobierno nacional y los pueblos indígenas, que denuncian que ninguna de las reformas aplicadas a organismos vinculados a sus intereses contó con consulta previa. En el caso del INAFCI y el INTA, se trata de instituciones que, más allá de la estructura burocrática, sostienen proyectos productivos y sociales en territorios donde el Estado suele estar ausente.

El fallo de Sastre no resuelve el fondo de la cuestión, pero abre un camino judicial que obliga al Ejecutivo a dar explicaciones y defender su decreto en los tribunales. El plazo de doce días corre a partir de la notificación y marcará la primera reacción oficial ante un reclamo que puede sentar precedentes.

El trasfondo político no es menor: la disolución de organismos históricos en nombre de la reestructuración estatal encuentra resistencia en distintos sectores. En este caso, la novedad es que la resistencia se traduce en una acción judicial protagonizada por comunidades originarias que exigen respeto a sus derechos colectivos.

La causa de Rawson, junto con la de Esquel, podría transformarse en un test para medir hasta dónde las reformas decretadas bajo la ley “Bases” resisten un control de constitucionalidad cuando afectan directamente a sectores con protección especial. Las comunidades aseguran que no buscan privilegios, sino el cumplimiento de garantías reconocidas desde hace tres décadas.