El Gobierno disuelve planes de vivienda y transfiere la gestión a provincias y municipios
Actualidad20/08/2025
REDACCIÓN
Casa Propia
El Ministerio de Economía anunció la disolución de programas de vivienda y hábitat, entre ellos Casa Propia y el Plan Nacional de Suelo Urbano, y estableció un nuevo protocolo que permitirá a provincias y municipios asumir el financiamiento de obras en curso. La medida quedó oficializada en el Boletín Oficial mediante la resolución 1199/2025, firmada por el ministro Luis Caputo, en línea con la política de reordenamiento de la obra pública impulsada por el Gobierno.
El nuevo esquema fija que las jurisdicciones podrán continuar proyectos cuando la Nación no realice los desembolsos previstos, pero deberán aplicar un sistema de recupero de fondos. Según la normativa, el pago de las cuotas por parte de los adjudicatarios no podrá superar el 30% de los ingresos familiares.
La Secretaría de Obras Públicas será la encargada de controlar el cumplimiento de los convenios. Si una provincia o municipio incumple, se recuperarán los fondos transferidos y se dará por terminado el contrato. En los casos en que haya continuidad, se permitirá compensar el financiamiento nacional pendiente con los recursos recaudados por las cuotas.
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La devolución de fondos se ajustará de acuerdo con la Unidad de Vivienda (UVI), lo que asegura la actualización de los montos. El texto aclara que, si los recursos no se restituyen en el plazo establecido, podrán iniciarse acciones judiciales para garantizar la recuperación.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida y la vinculó con el plan Procrear. “Destraba un sinnúmero de transferencias de obras a provincias y municipios, en particular aquellas que habían quedado inconclusas del plan Procrear”, señaló. Agregó que la resolución reconoce los derechos sobre los recursos ya comprometidos, pero habilita a que las autoridades locales culminen los proyectos.
La normativa prevé excepciones para hogares vulnerables y familias con necesidades básicas insatisfechas, que podrán ser eximidas parcial o totalmente del pago. También se abre la posibilidad de compensar deudas pendientes en otros programas de vivienda, como herramienta para facilitar la continuidad de las obras.
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La resolución deroga más de diez normativas de gobiernos anteriores, incluyendo planes como Argentina Construye, Argentina Construye Solidaria y el Programa Nacional de Reactivación y Terminación de Obras de Vivienda. El argumento oficial es que esos programas no cumplían con criterios de eficiencia en el contexto actual de emergencia pública.
La medida alcanza también a normativas vinculadas al Procrear, cuyo fondo fiduciario ya había sido disuelto, y a resoluciones sobre el Registro de Ejecuciones Hipotecarias. Según el Gobierno, esta derogación busca “brindar claridad jurídica” tras la finalización de plazos que habían vencido.
Con la eliminación de programas nacionales y el traspaso de responsabilidades, las provincias y municipios quedarán ahora como protagonistas en la continuidad de las obras. El nuevo esquema introduce un modelo de gestión descentralizado, donde los recursos se recuperan directamente de los beneficiarios y se actualizan con la UVI.
Fuente: LA NACION.
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