La justicia puso al gobierno en su lugar.
La Justicia frenó el pase a disponibilidad en el INTA y organismos vinculados. La decisión llega tras el amparo sindical presentado por la Asociación del Personal del INTA y beneficia a más de 300 trabajadores en riesgo de perder sus puestos.
La jueza federal Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, resolvió de manera inmediata. “El Estado Nacional deberá pagar $10 millones por cada día de incumplimiento”, establece el fallo que se conoció este martes.
La medida incluye también al Instituto Nacional de Semillas (INASE) y al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Ambos estaban alcanzados por el plan oficial de recorte, que preveía la reducción de personal mediante el mecanismo de disponibilidad.
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El fallo no deja margen de maniobra. La magistrada intimó al Ejecutivo a cumplir sin demoras y advirtió que, si persiste el incumplimiento, podría derivar en causas penales por desobediencia. La resolución incluso contempla girar copias a la Justicia Penal Federal.
La decisión judicial representa un fuerte respaldo a los gremios que venían reclamando contra la política de ajuste en organismos científicos y técnicos. Desde la Asociación del Personal del INTA señalaron que se trata de una victoria en defensa de la estabilidad laboral.
Los trabajadores celebraron la medida como un freno a lo que describen como un intento de vaciamiento. Las organizaciones sindicales remarcaron que la investigación agropecuaria y el control de semillas son áreas estratégicas para el país.
El caso genera impacto político porque la sanción económica es inédita. El Estado deberá pagar $10 millones diarios si decide desobedecer. Ese monto, con posibilidad de reajuste, se convierte en una presión concreta sobre la gestión nacional.
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La resolución se conoció el 26 de agosto y se transforma en un antecedente clave para futuros reclamos gremiales. La decisión judicial coloca un límite a las políticas de reducción de personal en sectores estatales sensibles.
El INTA, el INASE y el INV cumplen funciones ligadas a la producción agropecuaria, la certificación de semillas y la vitivinicultura. Su parálisis, advierten los gremios, afectaría a productores, cooperativas y economías regionales.
En los próximos días se espera una respuesta del Gobierno. Hasta el momento no hubo pronunciamiento oficial, aunque fuentes cercanas a la Casa Rosada dejaron trascender que analizarán el alcance del fallo.
Los sindicatos adelantaron que seguirán de cerca el cumplimiento. “La Justicia nos dio la razón y ahora exigimos que el Ejecutivo respete la decisión”, afirmaron referentes gremiales tras la audiencia.
El conflicto queda abierto. La pulseada entre los trabajadores y el Estado nacional suma un capítulo judicial que cambia las reglas del juego y marca un nuevo escenario para la relación entre la política de ajuste y la defensa sindical.
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