
El Gobierno estudia judicializar la emergencia en discapacidad luego de la caída del veto
Política05/09/2025
REDACCIÓN
El Ejecutivo evalúa un recurso judicial contra la ley de emergencia en discapacidad tras el rechazo del veto en el Senado. Equipos de la Secretaría Legal y Técnica y del Ministerio de Justicia revisan alternativas de acción, mientras en el gabinete pesan dudas sobre la conveniencia política de ese paso.


La hipótesis de trabajo incluye el fuero contencioso administrativo y la invocación de la Ley de Responsabilidad Financiera. En Balcarce 50 sostienen que la norma podría no ajustarse a los límites de gasto, y que ese punto habilitaría una presentación específica ante los tribunales.
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El Presidente ya anticipó la línea general: “si aún se diera la circunstancia de que el veto se cae, lo vamos a judicializar”. La frase se escuchó en la Bolsa de Comercio y funciona como señal de respaldo a una estrategia que se bosquejó desde el mismo día de la votación.
El derrotero parlamentario agrega presión. El oficialismo encadenó veinte reveses legislativos en cuarenta días, dato que impacta en el cálculo de costos y beneficios de cada movimiento. La reversión del veto fue la primera en más de dos décadas, lo que agranda el alcance político del episodio.
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La Casa Rosada también busca blindar la ley de DNU que obtuvo media sanción, herramienta que el círculo presidencial considera central para la segunda mitad del mandato. El objetivo es evitar cambios en el texto y preservar margen de decisión por fuera del Congreso.
El debate sobre la legitimidad de la sesión sigue latente. Patricia Bullrich afirmó: “la Vicepresidenta tendría que haberse puesto a la cabeza de decir ‘no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítima’”. Desde bloques opositores replican que esa postura refuerza la validez del trámite que derivó en la ley.
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Economía conserva otra carta: demorar o no habilitar partidas con afectación específica, tal como ocurrió con otras normas aun frente a fallos adversos. Milei, por su parte, sostuvo: “no va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”.
La comunicación oficial quedó bajo la lupa. Antes de la caída del veto, el vocero Manuel Adorni indicó que se analizaba un aumento de pensiones, anuncio que no se formalizó luego en ningún instrumento del Ejecutivo.
La discusión también se trasladó a redes sociales. Durante su gira en Los Ángeles, el Presidente replicó mensajes que califican el rechazo del veto como un “golpe institucional”. Uno de ellos, del diputado Luis Picat, sostuvo: “cambiaron su posición respecto al VETO, esto es un GOLPE INSTITUCIONAL… el presidente no puede gobernar con minoría legislativa”.








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