Investigan al titular del IPPV en Río Negro por fondos de viviendas y posible falso testimonio
Actualidad15/09/2025
Sergio Bustos
Fiscal Herrera.
La Justicia rionegrina abrió una nueva causa que compromete a un alto funcionario provincial. El fiscal Gustavo Herrera solicitó investigar a Mariano Lavin, actual interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) y ex intendente de Fernández Oro, por el manejo de fondos de un plan habitacional y por presunto falso testimonio.
La medida se desprende de la condena contra el ex jefe comunal Juan Reggioni, sentenciado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta y uso de documento falso. Durante ese juicio, Lavin declaró como testigo, pero sus dichos quedaron bajo sospecha.
Según el requerimiento fiscal, entre marzo de 2016 y los meses siguientes el municipio de Fernández Oro recibió un desembolso de 1.357.800 pesos para finalizar 12 viviendas. El dinero correspondía al Programa Federal Fortalecimiento Comunitario del Hábitat. Solo seis casas fueron terminadas y el destino del resto de los fondos nunca quedó acreditado.
En su declaración, Lavin aseguró que el dinero se usó para pagar deudas pendientes del programa, avaladas por la gestión de Reggioni. Sin embargo, un informe pericial concluyó que los pagos registrados con esos recursos no superaron los 374.035 pesos.
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Para Herrera, esa contradicción abre la puerta a una imputación más grave. “Estando investido del juramento de decir la verdad, falseó su declaración testimonial”, sostuvo el fiscal.
El funcionario también cuestionó que Lavin haya declarado no conocer los planes de viviendas por cooperativas al asumir la intendencia en diciembre de 2015. Esa versión choca con el acta notarial de traspaso de mando que él mismo firmó, donde figuraban de manera explícita esos programas en ejecución.
En consecuencia, Lavin fue imputado provisoriamente por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado y falso testimonio. La investigación buscará establecer si existió un desvío de fondos y si el funcionario mintió en sede judicial.
El propio Lavin intentó despegarse de las acusaciones. Tras la condena de Reggioni se presentó voluntariamente en los tribunales de Cipolletti. “Quiero terminar con este circo armado por el ex intendente”, señaló, al tiempo que entregó documentación con la que pretendió respaldar su versión.
En su descargo, el actual interventor del IPPV insistió en que actuó con transparencia. “Nosotros no armamos expedientes ni contratamos mano de obra. Solo usamos los fondos para pagar órdenes emitidas durante la gestión anterior. Nos dedicamos a hacer lo correcto”, afirmó.
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El caso reabre viejas disputas políticas en Fernández Oro, una ciudad del Alto Valle rionegrino marcada por tensiones entre gestiones sucesivas. La investigación no solo afecta la imagen de Lavin como ex intendente, sino también su rol actual en la estructura del Gobierno provincial.
La Fiscalía avanzará ahora con la producción de pruebas y testimonios para determinar si hubo irregularidades en el uso de fondos nacionales. Mientras tanto, la causa promete repercusiones en la política de Río Negro, donde la transparencia en la gestión de viviendas sociales es un tema sensible.
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