El Gobierno proyecta que en 2026 los usuarios financiarán el 80,5% del costo de generación eléctrica

Política24/09/2025

Gente sostiene el costo de la energía imagen ilustrativa generada por LA17

El debate por los subsidios vuelve al centro de la escena con la presentación del Presupuesto 2026, que anticipa una reducción en la cobertura y un mayor traslado de costos a los hogares. Aunque desde 2023 el gasto en servicios públicos se expandió por encima de la inflación, el ajuste fiscal apunta a recortar la asistencia estatal en energía y transporte.

Un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) mostró que entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025 la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 526%, mientras que la inflación acumulada fue de 164%. En lo que va de 2025, los incrementos ya superan el 24%, frente a una inflación del 21%.

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En paralelo, los subsidios económicos retrocedieron 54% en términos reales. El Presupuesto 2026 prevé $11,4 billones destinados a este rubro, lo que implica un alza nominal del 20%, pero con un peso similar en el gasto primario y una caída ajustada por inflación. El recorte se concentrará en dos áreas: energía, combustibles y minería (56% del total) y transporte (34%).

En el sector energético, la mayor parte del gasto corresponde a subsidios corrientes, con foco en CAMMESA, importación de gas, Plan Gas, tarifa social, zonas frías y garrafa social. En transporte, los recursos se orientan al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte y a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. Casi la mitad del presupuesto en este rubro se destinará a trenes.

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Uno de los puntos más sensibles es la derogación parcial de la Ley 27.637, que en 2021 amplió el régimen de zonas frías. El proyecto plantea volver al esquema original limitado a la Patagonia, Malargüe y la Puna, lo que dejaría sin cobertura a millones de usuarios incorporados en la extensión. El Ejecutivo quedaría con la facultad de definir quiénes reciben el beneficio, reduciendo el costo fiscal pero aumentando la discrecionalidad.

El informe del IIEP reveló que los hogares del AMBA destinan actualmente 11,1% de su salario promedio a cubrir servicios públicos. El gasto en transporte representa el mayor peso, con 43% del total, seguido por electricidad, gas y agua. De hecho, el transporte fue el servicio con mayor aumento interanual en septiembre, con una suba del 33%.

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La meta oficial es que en 2026 los usuarios financien el 80,5% del costo de generación eléctrica, frente al 65% proyectado para el cierre de 2025. Para alcanzarla, el Gobierno deberá aplicar aumentos tarifarios, reducir costos o redefinir los subsidios, en un esquema condicionado por el dólar, el precio del petróleo y la capacidad de pago de la población.

El Presupuesto también incluye $4 billones en transferencias a empresas públicas, de los cuales $2,6 billones se destinarán a gastos corrientes y $1,4 billones a inversiones de capital. Las principales beneficiarias son ENARSA en energía y las operadoras ferroviarias en transporte. Además, se prevén $450.000 millones para el Fondo Fiduciario de Zonas Frías y el programa de garrafa social.

Fuente: El Economista