Escándalo en ANDIS: empresa fantasma y sello médico trucho para dar de baja pensiones
Actualidad29/09/2025
Sergio Bustos
Diego Spagnuolo (Foto: BNegocios / A24).
El sistema de pensiones por discapacidad quedó en el centro de la polémica tras revelarse dos hechos que golpean la credibilidad de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Por un lado, se supo que una empresa contratada para auditar beneficios funciona en un baldío sin infraestructura. Por otro, un médico denunció que usaron su sello y firma falsificados para dar de baja pensiones en Misiones.
El primer escándalo estalló cuando trascendió que la empresa Medicys fue elegida para llevar adelante auditorías médicas. Sin embargo, la dirección registrada corresponde a un terreno baldío. No hay oficinas, ni equipos, ni personal especializado. “Los supervisores carecen de experiencia profesional concreta”, denunciaron los periodistas Mauro Federico e Ivy Cángaro al exponer el caso.
Las sospechas crecieron cuando comenzaron a llegar testimonios desde distintas provincias. En Misiones, beneficiarios citados a operativos de revisión fueron atendidos en lugares precarios: un restaurante abandonado o directamente al aire libre. En muchos casos, quienes firmaban las actas no eran médicos habilitados.
En paralelo, un médico de Pergamino puso en evidencia la gravedad del mecanismo. Se trata del cardiólogo Leandro Hipólito Peñaloza, quien denunció en la Justicia que su sello profesional y su firma fueron falsificados en documentos utilizados durante las auditorías en San Ignacio, Misiones.
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Peñaloza aseguró que nunca participó de esas revisiones y que la tipografía del sello adulterado no coincide con la que él utiliza. “Me robaron la identidad profesional para dar de baja pensiones”, afirmó al presentar la denuncia penal en la fiscalía de Pergamino.
Los formularios entregados a los beneficiarios tenían el título “Constancia de Asistencia Evaluación ANDIS”, pero carecían de membrete oficial. En ellos aparecía la firma y el sello del cardiólogo, aunque de manera apócrifa.
La situación fue calificada como un atropello por organizaciones de discapacidad en Misiones. Familias denunciaron que muchas personas quedaron sin cobertura en cuestión de horas, sin la posibilidad de una revisión médica real ni un dictamen profesional válido.
La presión política también se hizo sentir. Legisladores y dirigentes provinciales advirtieron que se está vulnerando el derecho a la protección social de los sectores más frágiles. “Se trata de una maniobra inadmisible que deja sin sustento a quienes más lo necesitan”, señalaron en un comunicado.
El escándalo suma capítulos judiciales. En Misiones se presentó un amparo federal para frenar las bajas de pensiones y pedir la restitución de los beneficios cancelados. Mientras tanto, en Pergamino avanza la investigación penal por la falsificación del sello del cardiólogo.
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Los audios entregados por el periodista Mauro Federico a la Justicia también forman parte del expediente. En ellos se exponen presuntas coimas y manejos irregulares dentro de la ANDIS. La causa podría derivar en imputaciones por fraude y asociación ilícita.
El impacto social de estas maniobras es profundo. Miles de familias con miembros en situación de discapacidad quedaron atrapadas entre auditorías dudosas y procedimientos administrativos oscuros. La angustia creció al no poder acceder a medicación ni prestaciones básicas.
La crisis destapada muestra un patrón: empresas sin respaldo, auditores improvisados, operativos en condiciones indignas y documentación falsificada. Todo en el marco de un organismo nacional que debería garantizar derechos y no vulnerarlos.
En este contexto, organizaciones de pacientes, sindicatos de la salud y asociaciones civiles preparan movilizaciones para exigir explicaciones al Gobierno nacional. Reclaman que se transparente el proceso y se garantice la continuidad de las pensiones.
El caso deja al descubierto la fragilidad institucional en el manejo de políticas públicas sensibles. La ANDIS, que nació para acompañar a las personas con discapacidad, hoy enfrenta una tormenta que pone en duda su legitimidad.
El desenlace dependerá de lo que determinen la Justicia y el Congreso, donde ya se piden informes urgentes. Mientras tanto, las familias afectadas siguen esperando respuestas y la restitución de un derecho que nunca debería haberse puesto en cuestión.
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